La enmienda ‘NesPage’ vuelve a estar de actualidad. Saltó a los medios de comunicación en agosto de 2017 con la entrada de Podemos en el Gobierno de Castilla-La Mancha. Se trataba de una enmienda a los presupuestos regionales de ese año que permitía que los empleados públicos contratados para trabajar como altos cargos en la Junta siguieran engrosando su antigüedad como empleados públicos aunque no estuvieran ejerciendo el cargo. En su día, la presión sindical provocó su retirada y el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que sigue en el cargo, confesó que lo más correcto hubiera sido haberla negociado en la Mesa General de la Función Pública.
Dos años y medio después, la historia se repite. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda «calcada» a la de 2017, aseguró el representante de la Intersindical, Gustavo Fabra, que compareció ante la prensa junto a compañeros de otros cuatro sindicatos para registrar en el Parlamento autonómico un escrito pidiendo la retirada «urgente» de esta enmienda.
El representante de la Intersindical aseguró que la enmienda socialista no es necesaria, ya que ahora mismo «no se está perjudicando la carrera profesional de los políticos por hacer política», como defiende el Ejecutivo, pues «pueden seguir concursando». Añadió que lo busca esta enmienda «es continuar manteniendo sus privilegiados una vez cesada la actividad política y eso es inadmisible para un capítulo 1 (de Personal) que ya está demasiado lastrado y en el que no se cubren vacantes ni bajas, dejando los servicios de atención directa a la ciudadanía descolgados».
Sindicatos registran un escrito en las Cortes reclamando la retirada de la enmienda del PSOE sobre altos cargos.Fabra explicó que la enmienda presentada por el PSOE afecta exclusivamente a las funcionarios en servicios especiales, es decir, a los directores generales de la Junta, jefes de gabinete o alcaldes y concejales liberados para ejercer el cargo.
Una situación que ha provocado «el cansancio» de los sindicatos, dijo Fabra, que lamentó «lo malas que son las mayorías absolutas», algo que logró Emiliano García-Page en las últimas elecciones autonómicas. «Empezamos con el aumento de altos cargos de 73 a 137, que es casi doblar el número, seguimos con el Decreto de Personal Directivo, impugnado por los sindicatos, luego siguieron con la creación de 165 puestos eventuales y de libre designación y ahora la enmienda ‘NesPage’», criticó Fabra, que aseguró que los sindicatos quieren un gobierno que refuerce los servicios públicos y «no sus posiciones dentro de los servicios públicos».
SALEN A LA CALLE. Por eso, los cinco sindicatos de la Función Pública saldrán a la calle este miércoles a las 11 horas en las cinco capitales de provincia para reclamar que al día siguiente, cuando se debaten las enmiendas parciales al presupuesto en las Cortes, «no se apruebe esta medida que es auténticamente discrecional y perjudicial para los servicios públicos».
Fabra acudió al Parlamento junto a Mercedes Gómez, de CCOO, Luis Manuel Monforte, de UGT, Gratiniano Lozano, de CSIF, y Ramón Izquierdo de ANPE.
Izquierdo cuantificó que de ponerse en marcha esta enmienda provocaría que los políticos que vuelven a la Función Pública cobren «entre 400 y 500 euros» más que sus compañeros no políticos, «en función del puesto que desempeñen y la antigüedad».
Monforte, por su parte, calificó de «vergüenza» esta medida que quiere implementar el Gobierno de García-Page, dada la falta de personal que aún sufren los servicios públicos en la región tras los recortes que efectuó el PP y que «aún no se han recuperado».