La semana pasada saltaban a nivel nacional varias noticias que tenían que ver con el exembajador en Caracas entre el 2004 y el 2007 durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo. Primero se informó del registro por parte de la Udef, de la Comisaría General de Policía Judicial, del bufete de abogados de este letrado y de su hijo, Alejo, en pleno centro de Madrid, luego de la detención de Alejo y de otras tres personas más vinculadas con los hechos objeto de investigación, alguna venezolana, y por último, de la puesta en libertad de los arrestados, tras prestar la correspondiente declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y la toma de medidas cautelares como comparecer ante el juzgado y prohibición de no salir de España.
El registro se hizo porque, recogieron los medios, se sospechaba que Raúl Morodo y su hijo utilizaron este despacho para blanquear cerca de cinco millones de euros procedentes de la petrolera estatal de Venezuela, Pdvsa, gracias a la firma de contratos, entre esta sociedad y el bufete, de servicios ficticios de asesoría legal a unos precios astronómicos, según la Fiscalía Anticorrupción, y su blanqueo posterior mediante una compleja trama de sociedades e inversiones.
Para la Udef, el presunto principal implicado en esta trama es el exembajador, el cual, no obstante, pese a ello, no se detuvo, en atención a su edad, 84 años, pero sí que tuvo que declarar ante el juez y ante el cual, informaron fuentes judiciales, se desvinculó de los hechos objeto de la investigación.
Raúl Morodo, profesor de Derecho Constitucional en Madrid, fue nombrado embajador de España en Venezuela en julio del 2004. Con anterioridad fue embajador en Lisboa, diputado europeo por el CDS, vicepresidente de la Internacional Liberal y Progresista y embajador ante la Unesco. Pero Morodo fue también quien en pleno franquismo, en plena clandestinidad, fundó el Partido Socialista del Interior y que luego se llamaría Partido Socialista Popular, el PSP, con Enrique Tierno Galván, y que acabó uniéndose al PSOE de Felipe González.
Precisamente en relación con esto último, su condición de profesor universitario y su actividad en la clandestinidad es cómo ‘este rojo’, este docente y abogado, en enero de 1969, en pleno régimen franquista, acaba siendo desterrado en la provincia de Albacete junto a otro profesor universitario, Pedro Schwartz Girón, una vez se decretase el Estado de Excepción para todo el país por unos incidentes que había habido en Madrid y que habían terminado con la muerte del estudiante de Derecho y militante antifranquista, Enrique Ruano.
No obstante, Morodo y Schwartz son sólo dos de los docentes condenados a un destierro con el que se «pretendía extirpar de raíz el nido, el germen, que se estaba creando en la universidad española y que suponía una amenaza para el propio régimen franquista y de paso dar una lección al profesorado», comenta Andrés Gómez Flores, autor del libro, Los años sombríos. Albacete durante el franquismo y que uno de sus capítulos se dedica precisamente a estos dos exilios.
A Morodo no le pilla de sorpresa que iba a ser detenido, ya le había llegado algún rumor de que su nombre iba a aparecer en una nueva lista de confinados y así fue. El primer lugar, comenta Gómez Flores, a donde lo destierran es a la Fábricas de Riópar, al Riópar Viejo, y en donde, tras pasar cinco días en casas particulares, fue trasladado a Villaverde de Guadalimar, pero los recelos de los vecinos a acogerlo hacen que, al final, fuese un guarda forestal, padre de ocho hijos, él único que se ofreció a darle cobijo en su casa.
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