Fue en La Moncloa y a la hora del café. Dos hombres solos. Sin equipos negociadores. Allí dieron un paso adelante -o atrás, según quién y cómo lo cuente- para tratar de desbloquear la situación política que atraviesa España desde que, por primera vez en 2019, las Cortes se disolvieran en marzo. La discreción y la negociación cara a cara eran impensables para el acuerdo, porque las filtraciones y la delegación de funciones habían dado al traste con un plan casi idéntico tras las elecciones de abril. Así, a media tarde del pasado lunes, aún con los españoles analizando los resultados electorales, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pactaron un preacuerdo para la formación de un «Gobierno progresista» que se hizo público, con abrazo incluido, 24 horas después. El primer paso, fundamental para arrancar el camino hacia la investidura, está dado. Lo que ahora nadie tiene claro es si ese recorrido hacia el trámite parlamentario acabará en buen puerto o no. Demasiado en juego y muchos actores que reclaman su frase, más o menos larga, en la película.
Con los reproches, la desconfianza y los vetos superados -se apunta incluso a un Iglesias vicepresidente del futuro Ejecutivo- parece que la parte sencilla de ese camino hacia la bendición del Hemiciclo es que el PSOE y Unidas Podemos den forma al acuerdo. Esto es, que desarrollen un programa de Gobierno y se repartan ministerios y responsabilidades dentro del Gabinete. Sin embargo, no hay que olvidar que uno de los grandes desencuentros de las anteriores negociaciones fue, precisamente, la adjudicación de las carteras ministeriales. Los morados acusaron a los socialistas de entregarles la dirección de Departamentos sin apenas peso en el Gobierno, mientras que ellos habían pedido poder ejercer su poder sobre Hacienda, el Centro Nacional de Inteligencia, Radio Televisión Española, Vivienda, Trabajo, Agricultura, Ciencia o Cultura. Una propuesta a mayores que espantó a los socialistas. No obstante, parece que ahora, después de firmar el preacuerdo para un Ejecutivo de coalición, las peticiones serán de otro calibre y se llegará a pactar un Gabinete con miembros de ambos partidos e, incluso, con independendientes «de reconocido prestigio».
Sin embargo, la unión de PSOE y Unidas Podemos en el Congreso suma 155 escaños, una cifra que no permitiría la investidura de Pedro Sánchez ni en primera ni en segunda votación.
Fragmentación
La negociación, por tanto, que resultará clave para que España supere el bloqueo político se producirá entre los dos socios de Gobierno y el resto de formaciones para ir sumando apoyos en un Congreso fragmentado como nunca antes en la reciente Historia de la democracia española, con casi una veintena de partidos, récord de grupos parlamentarios y 21 diputados de 12 formaciones distintas en el Grupo Mixto.
Sánchez e Iglesias firman un acuerdo de Gobierno de coalición - Foto: SERGIO PEREZA la vista de las posiciones marcadas en campaña, el pacto de PSOE y Unidas Podemos podría recabar el apoyo del diputado de PRC, que ya firmó un acuerdo con Sánchez en mayo; de los tres representantes de Más País y Compromís, proclives a un Gobierno progresista; y del representante de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que ya fue socio del PSOE en 2016. Además, el exótico diputado de Teruel Existe ya ha avanzado que quiere facilitar la gobernabilidad, aunque solicitará a cambio inversiones en su tierra, al igual que el diputado del BNG. En la misma posición está el PNV, que no ha ocultado su disposición a negociar. Con todos ellos, y tras el último reajuste de Vizcaya, sumarían 168 escaños, a ocho de la mayoría absoluta.
Frente a ellos, en el no ya están situados los ahora 89 del PP, los 52 de Vox, los 10 de Cs, y los dos de Navarra Suma. En el voto en contra también se ubica a Junts per Catalunya, al menos así ha sido hasta ahora, así como a la CUP, cuyo lema de campaña es hacer a España «ingobernable». Se podría incluir también a Coalición Canaria, ya que Ana Oramas siempre se posicionó en contra de un Ejecutivo con miembros de Podemos. Todos ellos representan 164 votos, lo que ratifica ese escenario donde la llave la tienen los demás independentistas, es decir, ERC (13 escaños), el que más preocupa a socialistas y morados porque su negativa llevaría al bloque del no a los 177 diputados, y EHBildu (cinco).
Poco han tardado ambas formaciones en poner sus condiciones para variar del no a la abstención o, incluso, al sí. Los secesionistas catalanes quieren abrir un diálogo «de igual a igual» con el Gobierno central en el que se reconozca que Cataluña vive un «problema político» y en el que se hable de todo, incluyendo el referéndum separatista y la amnistía de los líderes del procés. Los abertzales, por su parte, condicionan su postura a la «receta» del próximo Gobierno para vascos y catalanes , además de la posición que tenga sobre el derecho a decidir y los «presos políticos». La llave de la gobernabilidad en España, una vez más, la tienen los separatistas.