Tratan de rescindir el contrato de recogida de envases

A.G
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Imagen reciente de unos contenedores amarillos con su capacidad superada. - Foto: José Miguel Esparcia

La Junta General aprobó iniciar el expediente de resolución de una concesión muy criticada, de la que los informes señalan «un incumplimiento reiterado de la empresa adjudicataria»

La Junta General del Consorcio Provincial de Medio Ambiente acordó recientemente iniciar el procedimiento de resolución del contrato de recogida selectiva de envases en los municipios albacetenses, servicio que se adjudicó a la empresa Cespa a comienzos de 2017, por cuatro años y un importe de algo más de 450.000 euros anuales. 
La prestación fue objeto de polémica durante el procedimiento de licitación, con críticas del PP por la exclusión de una empresa, y prácticamente desde que se formalizara la concesión, con quejas que se intensificaron el pasado verano. Entonces varios ayuntamientos hicieron público su descontento, acompañando comunicados con imágenes de contenedores amarillos llenos a rebosar. Después los tres grupos de la oposición en la Diputación Provincial aprobaron una moción que instaba al Consorcio a recuperar la prestación del servicio y, a todo ello, se sumó un cruce de acusaciones entre trabajadores y responsables políticos.
La propuesta de rescisión viene ahora avalada por informes de los técnicos de la entidad provincial, que señalan un «incumplimiento reiterado de la empresa adjudicataria de las obligaciones contractuales esenciales». Ese estudio  cifra en algo más de 125.000 el perjuicio económico causado al Consorcio, además de remarcar el daño a su imagen.
Los documentos estudiados en la Junta General señalan más de una decena de condiciones incumplidas. Entre ellas, destaca la vulneración de las frecuencias de recogida establecidas para los meses de verano, cuando los municipios del medio rural aumentan notablemente su población y necesitan de un refuerzo en el servicio. También se hace referencia a la no adscripción al servicio de los medios materiales que recogía el pliego, el incumplimiento del número de lavados fijado para los contenedores o la toma unilateral de decisiones por parte de la empresa.
María José Vázquez, diputada provincial de Medio Ambiente, aseguraba ayer a La Tribuna que «no quedó más remedio» que tomar esta decisión «para velar por los intereses de la provincia, que es nuestra función». «Son los municipios los que han sufrido esos incumplimientos», añadía y, por ello, quiso «pedir disculpas a los ciudadanos, así como a alcaldes y concejales, por las molestias que se hayan podido causar».

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