La Junta ordena censar las aves en la ampliación 'anti-ATC'

LUIS J. GÓMEZ
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El Hito es un humedal salino y estacional. - Foto: Reyes MartÁ­nez

El censo que licita de aves esteparias en las zonas protegidas ZEPA incluye la ampliación de la laguna de El Hito, que afecta a los terrenos previstos para el silo nuclear y está judicializada.

Fue una de las primeras medidas que adoptó Emiliano García-Page nada más acceder al Gobierno regional. Decidió ampliar la ZEPA(zona especial de protección de aves)de la Laguna de El Hito, en Cuenca, para extenderse hasta los terrenos previstos para la construcción del almacén de residuos nuclear, el ATC, en Villar de Cañas. Su intención era que esa protección medioambiental impidiera la construcción del silo.

En estos momentos está todo en un impasse. Por un lado el Gobierno de España, tras la llegada de Sánchez, paralizó la construcción del ATC en Villar de Cañas con la idea de revisar la idoneidad del emplazamiento. Tras su reunión con Pedro Sánchez en Moncloa, Page salió diciendo que daba por ganada la batalla. Por otro lado, está también paralizada en la práctica la ampliación de la zona ZEPA de El Hito. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anuló el pasado verano el acuerdo d la Junta para ampliar El Hito, atendiendo así a los recursos del Ayuntamiento de Villar de Cañas y del Gobierno de España.

Pero el Ejecutivo de Page no ceja en el empeño. Por un lado en los tribunales, anunciando un recurso ante el Tribunal Supremo por la anulación de la ampliación de la ZEPA. Por otro, sigue teniendo en cuenta esta ampliación de hectáreas en proyectos como el censo de aves esteparias que está licitando en estos momentos.

La Consejería de Agricultura ha sacado a concurso la adjudicación de un censo durante cuatro años (el plazo termina en 2023) de aves esteparias en nueve zonas ZEPA de la región. En el pliego de condiciones técnicas se recoge que una de ellas será la ampliación de la Laguna de El Hito, lo que supone una superficie de muestreo de 23.598 hectáreas. Sería además la tercera ZEPA de mayor tamaño en la que se hará el censo, solo por detrás de las 107.035 hectáreas de la Mancha Norte, que se reparte entre las provincias de Toledo, Ciudad Real y Cuenca y las 25.870 hectáreas de la ZEPA del Este de Albacete.

Además hay cuadrículas de superficie de la ampliación de El Hito en los dos tipos de censos que se van a hacer. Por un lado está el censo general que se hará de cinco aves esteparias durante cuatro años consecutivos: la avutarda, sisón, ganga ibérica, ganga ortega y alcaraván. Pero también está en el censo específico de aguilucho cenizo y pálido que solo se hará un año, en el invierno y primavera de 2020-21.

En conjunto todo el censo se licita por un presupuesto estimado de 523.942 euros, de los que más de 100.000 se irán a pagar el 21% del IVA. Se financiará al 75% con fondos europeos del Feader, mientras que el Estado pondrá un 7,5% y la Junta un 17,5%. La organización o empresa que sea la adjudicataria tendrá que presentar una memoria anual con los resultados desde la primavera del año que viene y se calcula que se tendrán que hacer 29.000 kilómetros y dedicar 10.668 horas de trabajo de campo, más 320 horas de trabajo previo, 500 de gabinete y 140 de coordinación.

Más polémicas. La construcción del ATC no es la única polémica que salpica a las zonas ZEPA de Castilla-La Mancha. Mucho dio que hablar la aprobación en 2017 de los planes de gestión de las mismas, que limitan algunas prácticas agrarias sobre todo con la posibilidad de implantar regadío y cultivos leñosos para proteger el ecosistema que pueblan estas aves. De hecho, Asaja llevó estos planes al Tribunal Superior de Justicia.

Y hasta la licitación del censo de aves esteparias ha tenido voces críticas. En concreto han llegado desde la coordinadora de Agentes Medioambientales de CCOO-FSC, que recuerda que los agentes medioambientales tienen entre sus funciones reglamentarias hacer inventarios, censos y cartografía de recursos naturales y desde la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de la región (APAM), que alerta de que así «se pretende privatizar el servicio público de seguimiento de fauna protegida».