El reciclaje profesional llegará a 22 municipios

A.G
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La Junta otorgará ayudas por un importe total de 2,1 millones de euros a los ayuntamientos beneficiarios, que podrán contratar durante seis meses a 188 personas desempleadas

Imagen reciente de las clases de un programa de reciclaje y recualificación profesional. - Foto: Ví­ctor Fernández Molina

Los programas de reciclaje y recualificación profesional (Recual), actividades formativas subvencionadas por la Junta, llegarán a 22 municipios de la provincia durante el próximo año. Así lo recoge la resolución provisional de esa convocatoria, que la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral de Castilla-La Mancha publicó ayer, abriendo un plazo de 10 días hábiles para presentara alegaciones antes de que tenga carácter definitivo. 
El proyecto dejará en Albacete cifras muy similares a las de la edición anterior, con 23 programas autorizados (dos de ellos en la capital provincial) y una inversión autonómica de 2.167.000 euros, con los que se contratará a 188 personas. Mientras, otras 14 solicitudes de ayuntamientos quedaron desestimadas al agotarse el crédito presupuestario y obtener sus proyectos una puntuación menor a los admitidos.
Estos planes sustituyen a los tradicionalmente denominados talleres de empleo, centrándose ahora en el reciclaje de personas desempleadas mayores de 45 años, con responsabilidades familiares y procedentes del sector de la construcción y afines. Los demandantes con ese perfil tendrán preferencia para participar en los programas, destinados a que adquieran nuevas competencias profesionales que les faciliten la inserción laboral.
Esas personas serán contratadas durante seis meses, periodo en el que recibirán una retribución equivalente al salario mínimo interprofesional. Además de formarse nuevas técnicas en oficios relacionados con la construcción,  así como otras materias complementarias, participarán en proyectos que supongan un beneficio para su localidad. Tal y como lo explican las bases, el aprendizaje se alterna «con un trabajo productivo en actividades de interés público o social», relacionadas con el patrimonio arqueológico o histórico; vivienda social; eficiencia energética y reformas para la reducción de emisiones de carbono en edificios públicos o inversiones productivas.

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