La reforma de la ley educativa que ayer pasó por el Congreso de los Diputados, la conocida como ley Celaá -planteada por la cartera ministerial de Isabel Celaá-, levantó ampollas por diversos temas entre la comunidad educativa y una de las cuestiones tiene que ver con los colegios de Educación Especial, por cuyo futuro se teme.

Padres y docentes ven, a priori, con buenos ojos que se hable de educación inclusiva, pero también tienen claro que la misma, para ser real, pasa por algo que ahora no ocurre: que llegue la inversión suficiente para contar con los medios técnicos y humanos que ello requiere. En ello coincidían tanto el presidente de ANPE, Martín Navarro, como la presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPA)María Moliner de Albacete, Rosario Pérez.

Además, entienden que el fomento de la educación inclusiva tampoco tiene por qué estar reñida con los colegios de Educación Especial, donde ahora acuden niños con determinadas discapacidades que encuentran en esos centros recursos y dispositivos que no tendrían, a día de hoy, en la escuela ordinaria. Y se trata, como lo recordó el presidente de ANPE, Martín Navarro, de un porcentaje de alumnos muy bajo, en relación con el total de estudiantes, ya que hay estudiantes con discapacidad que están integrados en los centros educativos de la provincia con normalidad. Eso sí, reiteraron la necesidad de contar con más medios, en un año, además, marcado por la pandemia y donde siguen considerando «excesivas» las ratios en algunos niveles y grupos.

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