Los partidos se retratan en el debate sobre la educación concertada

Soraya Lucas / Toledo
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Ninguna de las resoluciones presentadas por cada uno de los grupos parlamentarios salió adelante. El PSOE se abstuvo en la que planteó Podemos para reducir la financiación

El debate sobre la educación concertada y el apoyo público a su financiación sigue muy vivo. Ayer volvió a la actualidad con el debate general, presentado por el Grupo Parlamentario Popular, relativo a la libertad de los padres a elegir centro educativo. Debate hubo pero con un resultado nulo, porque las tres propuestas, presentadas por cada una de las fuerzas parlamentarias, resultaron rechazadas. La sesión puso en evidencia el difícil equilibrio que impera en esta legislatura y el contradictorio discurso del PSOE con respecto a la educación concertada. Por una parte, el grupo que sostiene al Gobierno regional no pudo sacar adelante su resolución en apoyo de la educación pública y, por otro, para no incomodar a su socio, Podemos, respondió con una tibia abstención a la propuesta de este grupo para recortar recursos a los centros concertados.

Por último, la resolución planteada por el PP que planteaba dotar de suficiente presupuesto a la educación pública concertada tampoco prosperó. El añadido para que las Cortes mostraran su oposición a la congelación y la reducción de financiación para la concertada cosechó el voto en contra de Podemos y el PSOE.

Por lo que respecta al debate en sí mismo, la consejera de Educación, Reyes Estévez, destapó que el anterior Gobierno regional del PP había preparado un informe para «imponer el modelo de construcción de centros privados en suelo público». «El informe ya estaba elaborado en la Consejería, incluso estaban preparando ya el modelo de protocolo a seguir por los ayuntamientos con necesidad de centro escolar», aseguró durante su intervención en el debate general de las Cortes propuesto por el PP sobre la libertad de los padres a elegir centro educativo.

 

El laboratorio de Seseña. La consejera explicó que Seseña «fue el laboratorio» y planteó que «uno no sabe bien si era por una cuestión ideológica o era para afianzar las relaciones de amistad a costa de los niños y de los jóvenes». A su juicio, el anterior Ejecutivo dejó «morir los centros con inversiones humillantes, no moviendo ni un solo dedo para evitar el absoluto deterioro que presentan ahora muchos de ellos y no construyendo nada».

Criticó, además, que sea el PP el que dé lecciones sobre libertades, cuando «ustedes han dejado morir el sistema público de educación con una inversión inferior a la más inferior de todas las inferiores del Estado español».

Así, opinó que para el PP «la educación no es un derecho que haya que proteger» porque, a su juicio, «cuando hablan de libertad de elección de centros, uno no puede evitar pensar, tal y como estaba dispuesto en la Consejería, que hablan más bien de negocios». «Establecer una libertad sin que todos tengan las mismas posibilidades es pura hipocresía, es preciso garantizar la igualdad para poder ejercer la libertad».

 

Educación exclusiva... y pública. En esta misma línea se pronunció José García Molina, de Podemos, que quiso saber si el PP, cuando se refiere al «derecho a decidir» hace alusión a un «derecho para todos» o, por el contrario, «solo de esos pocos que pueden pagar» la educación concertada. «Su libertad es para unos pocos, pero financiada por todos», denunció el portavoz podemita que advirtió no estar dispuesto a consentir que se destine dinero público a escuelas a las que «solo» pueden ir unos pocos. «Me parece de sentido común», zanjó, no sin antes reivindicar «más peso» para la enseñanza pública, «respetando que haya familias que prefieran pagar de su bolsillo otro tipo de educación para sus hijos».

 

50.000 alumnos en la concertada. El portavoz del Partido Popular, Francisco Cañizares, alertó de que si se dejan de financiar los centros privados concertados «se está abocando al cierre» a este tipo de centros, que dan trabajo a 4.000 personas y forman a 50.000 alumnos.

Cañizares, que recordó que los conciertos educativos que hay en vigor son los mismos que se encontró el PP en 2011 al llegar al Gobierno regional, se preguntó por qué han tomado esta decisión que, a su juicio, es contraria a la educación concertada y sospechó que detrás hay «una cuestión ideológica» que se identifica con «una de las manías persecutorias.