El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, presentó ayer al equipo que le acompañará esta nueva legislatura, así como los retos a los que se enfrentarán en los próximos cuatro años. Uno de los más importantes será la redacción «desde cero» del nuevo Plan de Desarrollo Rural, en el que comenzará a trabajar desde ya, con el objetivo de que esté en marcha en el año 2022.

Martínez Arroyo quiere así evitar los problemas heredados del Gobierno de Cospedal en la pasada legislatura, en la que el nuevo Ejecutivo socialista se encontró un documento ya negociado y que tuvo que ir modificando «año a año».

Como explicó, no quiere que esta vez Castilla-La Mancha «llegue tarde» a la implementación de estos recursos europeos, que en sus siete años de vigencia (de 2015 a 2022) dejarán en la región en torno a 1.400 millones de euros.

No obstante, el consejero volvía ayer a insistir en que el agua es la «principal prioridad» de su departamento. Como advirtió, «no es posible pensar en un futuro» en el que «no haya acceso» a un recurso con el que no se puede «consentir el mercadeo en ningún ámbito». El agua lo es «absolutamente todo» para Castilla-La Mancha, concluyó.

Una tercera prioridad para Martínez Arroyo será la negociación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC), sobre la que hay que tener una posición nacional y para eso es necesario que «haya un gobierno estable en Madrid».

La posición de Castilla-La Mancha es «la de siempre», defender los intereses de los agricultores y ganaderos profesionales, así como favorecer el relevo generacional y dar visibilidad a la mujer en el medio rural, recalcó.

Por último, la cuarta prioridad de la Consejería está relacionada con la Dirección General de Alimentación, de nueva creación, con la que se pretende dar una «vuelta de tuerca» y ocuparse de toda la cadena alimentaria, desde la producción a la industria agroalimentaria o la distribución.