El Plan de Depuración prevé más de 50 obras en la provincia

A.G
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Imagen de archivo de una estación depuradora de reciente construcción. - Foto: RUBEN SERRALLE

El programa de prioridades hasta 2027, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, plantea la inversión de 110 millones de euros para construir y adaptar depuradoras

El año que empieza será el de la entrada en vigor del Plan Nacional de Depuración ySaneamiento (Dsear), una iniciativa del Ministerio para la TransiciónEcológica que fue presentada en el último tramo de 2018 y cerrará en enero su plazo de información pública.
El documento no es estrictamente un plan de inversiones, sino más bien un calendario de prioridades, con el que se busca agrupar y ordenar todas las actuaciones pendientes que tiene España en materia de gestión de aguas residuales, recogidas en los diferentes planes hidrológicos. De hecho, buena parte de esas inversiones corresponderían a las comunidades autónomas, por cuestión de competencias, pero el Ministerio las agrupa, hace constar su presupuesto estimado y les asigna un grado de prioridad, enumerando todas aquellas que deberían concluirse con 2027 como fecha límite. También lista aquellas que están finalizadas, en ejecución o presupuestadas, de forma que podrían concluir  en los próximos tres años (antes de la entrada en vigor de los planes hidrológicos de tercer ciclo).
En total, son 3.500 medidas de saneamiento y depuración, con una inversión estimada de 10.000 millones de euros en 18 años, las que pueden consultarse en el documento expuesto al público, llamado de «directrices, programa de trabajos, calendario y fórmulas de participación». Entre las que habrían de realizarse en los próximos nueve años, 58 se llevarían a cabo en el territorio albacetense, con una previsión de gasto de algo más de 110 millones de euros, correspondiente casi en su totalidad a la Administración regional.
Se trata, en su mayoría, de la construcción de depuradoras de aguas residuales (EDAR) para pequeños municipios de menos de 1.000 habitantes, aunque también se contemplan casos de adaptación o sustitución en localidades de más población. El motivo es la previsión de tener que adaptarlas a los nuevos requisitos de eficiencia de la normativa europea, directriz que ha costado más de una multa millonaria a España por no cumplirla en decenas de aglomeraciones urbanas, muchas de la costa.

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