La Subdelegación del Gobierno en Albacete celebró una reunión de la Comisión Provincial de Tráfico y Seguridad Vial, en la que participaron la Jefatura Provincial de Tráfico, el Subsector de Tráfico, Guardia Civil, responsables de Carreteras de la Junta de Comunidades y de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Albacete, bajo la presidencia del subdelegado del Gobierno, Francisco Tierraseca.

Según explicó la Subdelegación, el objetivo de esta Comisión es realizar un balance anual sobre la accidentalidad en las vías de comunicación de la provincia, proponer actuaciones de acuerdo con los informes realizados por la Jefatura Provincial de Tráfico y coordinar y evaluar las distintas campañas de Seguridad Vial.

En este sentido, Tierraseca agradeció "la implicación de todas las administraciones en el compromiso común de aumentar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en carretera", y destacó "la falta de incidencias en el Protocolo de Vialidad Invernal, que a lo largo de este año no ha sido necesario activar en ningún momento".

Según los datos facilitados por la jefa Provincial de Tráfico, Cruz Hernando, durante el año pasado se produjeron en la provincia de Albacete, 1.894 accidentes, 1.186 de ellos sin víctimas mortales y 708 con víctimas.

En cuando a los fallecidos, se registraron nueve víctimas mortales, siete en carreteras y dos en el casco urbano, lo que representa un 40% menos de accidentes mortales respecto al año anterior, manteniéndose en porcentajes similares al 2017 los heridos graves y leves.

Así mismo, se destacó que en la red viaria de la provincia no se detectaron puntos negros, por lo que se mantiene la ausencia de puntos conflictivos desde el 2012.

La Jefatura Provincial de Tráfico explicó que se han realizado informes sobre todos los puntos donde hubo accidentes mortales y solo se ha hecho una propuesta de actuación, referida a la AB-408 para reforzar la señalización y la ampliación de la barrera metálica de protección, confirmando por parte de la Unidad de Carreteras de la Diputación, titular de la vía, que se van a realizar dichas actuaciones e informando que también se ha procedido a señalizar diversas carreteras de su red con las señales de advertencia P-22 -ciclista- con panel complementario, advirtiendo la distancia reglamentaria de adelantamiento.

Hay que destacar que durante 2018 se tramitaron por la Jefatura Provincial de Tráfico 51.041 expedientes sancionadores, unos 11.000 menos que el año pasado y se realizaron un total de 17 campañas especiales de vigilancia, en las cuales, la Jefa Provincial de Tráfico, elogió la participación de los ayuntamientos en las mismas así como la excelente coordinación que existe con Diputación y Junta de Comunidades gracias a la elaboración de un calendario de pruebas deportivas que se incorporó como novedad el año pasado, y que permite planificar el apoyo por fuerzas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

El año pasado se realizaron con este tipo de apoyo 106 pruebas deportivas, seis eventos especiales y 11 pruebas calificadas como otras actividades.

La Jefatura Provincial de Tráfico detalló que se invita a todos los ayuntamientos que cuentan con Policías Locales, (23) a participar en las campañas de vigilancia, y en la actualidad un total de 16 municipios han transferido sus competencias sancionadoras a favor de la Jefatura Provincial.

Además existen convenios bilaterales para la realización de algunos trámites como el cambio de domicilio de permisos de conducción y de circulación en los propios ayuntamientos y colaboraciones en Educación Vial, así como un convenio de colaboración con Diputación para la realización de asistencia por telepresencia en materia de tráfico.

La Comisión Provincial de Tráfico y Seguridad Vial finalizó con la información relativa a las modificaciones legislativas introducidas en el 2018, como la reducción de la velocidad a 90 kilómetros por hora en carreteras secundarias para turismos y motocicletas con el fin de alcanzar el objetivo de la estrategia europea de seguridad vial para reducir a 37 el número de fallecidos por millón de habitantes en el 2020 y la modificación del Código Penal, con la introducción de delitos por el abandono del lugar de los hechos tras causar un accidente en el que fallecieran una o varias personas.