Emiliano García-Page alcanzó en mayo de 2015 la Presidencia de Castilla-La Mancha enarbolando la reforma del Estatuto de Autonomía de la región para adecuarlo al siglo XXI. No pudo ser. La legislatura se le complicó más de lo deseado. Ahora, cuatro años después, el camino se ha despegado. García-Page logró cuatro diputados más que le dieron la mayoría absoluta en el Parlamento castellano-manchego, por lo que podría modificar el Estatuto, que hoy cumple 37 años, sin los votos del Partido Popular y Cs, pero insiste en querer hacerlo con consenso. 

Esta norma institucional básica puede ser reformada en las Cortes castellano-manchegas con mayoría simple, aunque luego necesita ser refrendada por las Cortes Generales para que entre en vigor.

El Estatuto alcanzaría entonces los cuarenta con siete modificaciones a sus espaldas, más la fallida de 2010, cuando el expresidente socialista José María Barreda recogió del Congreso de los Diputados su reforma al no lograr el apoyo de los diputados. ¿El escollo? La caducidad del trasvase Tajo-Segura. Barreda colocó el cierre de esta infraestructura en el año 2015.

De nuevo con un presidente socialista en el Palacio de Fuensalida, García-Page comparte con el PP y Cs el blindaje de los servicios públicos esenciales (sanidad, educación y servicios sociales) para que no estén al albur de futuras crisis económicas o decisiones políticas, además de incrementar el número de diputados regionales. Más complicado será alcanzar un acuerdo en materia de agua.

En lo que respecta al número de parlamentarios, Cospedal redujo la horquilla -sin el consenso del Partido Socialista- de 25 a 35 asientos. Entonces el Partido Popular vendió que los políticos debían apretarse el cinturón en una reforma en la que también se le quitó el sueldo a los diputados (solo cobraban dietas).

Actualmente, el número de diputados es de 33, pero los tres partidos con representación en las Cortes están de acuerdo en aumentar la cifra y no solo a 35 (el máximo permitido actualmente por el Estatuto de Autonomía), sino más bien acercarse a la anterior horquilla, 49. Entonces estaba fijada en 47-59. Cabe recordar que Castilla-La Mancha es la región con menos señorías, empatada con La Rioja, que tiene una población siete veces menor.

Pero el cambio no solo afectaría al Estatuto de Autonomía, sino posteriormente a la Ley Electoral de Castilla-La Mancha, la cual García-Page también quiere reformar dialogando con el resto de formaciones políticas, también las extraparlamentarias. 

A tenor de las palabras de los líderes políticos, esta podría ser una legislatura fructífera en cuanto a cambios. El PP, por ejemplo, está dispuesto a introducir el blindaje de los servicios públicos.

El consejero de Desarrollo Sostenible ya ha avanzado también la necesidad de incluir la defensa del medio ambiente y, probablemente, durante la negociación, se incluyan áreas no recogidas en sus páginas como la despoblación. 

El agua podría enfangar de nuevo la negociación. En materia de agua el consenso parece estar más lejos. Partido Popular y Cs defienden el agua para la región, pero dentro de un pacto nacional. El PSOE, en cambio, apuesta por cerrar el trasvase Tajo-Segura y, en respuesta al órdago murciano de blindar esta infraestructura en su Estatuto, García-Page propuso un cambio para proteger el agua del río en la cuenca natural del Tajo.

Cuatro años sin trasvase. La reforma fallida del año 2008 recogía la reducción progresiva del trasvase hasta su definitiva extinción, que «en todo caso se producirá en 2015».

La negociación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha de 2008 quedó bloqueada en el Congreso de los Diputados durante meses, fundamentalmente por la cuestión del agua. El presidente regional por entonces, José María Barreda, quería introducir la fecha de caducidad del acueducto Tajo-Segura, algo que no toleraron los diputados murcianos y valencianos, especialmente.

El Título IX de la citada reforma planteaba la reducción progresiva, a partir de la entrada en vigor del Estatuto, del volumen de agua trasvasable desde el Tajo al Segura hasta su definitiva extinción, que «en todo caso sería en 2015». 

De haberse llevado a efecto -aunque el papel lo aguanta todo- Castilla-La Mancha llevaría cuatro años sin una infraestructura que, según denuncian los poderes públicos y las organizaciones agrarias castellano-manchegas, lastra el futuro de la comunidad autónoma.