El Instituto de la Mujer y el Colegio de Educadores Sociales de Castilla-La Mancha han suscrito un convenio, por el cual se contratará a una profesional de esta especialidad para tutelar a 10 mujeres víctimas de violencia de género en diversos pisos distribuidos por la región, a fin de favorecer su tránsito a «la vida normalizada». Así lo destacó la responsable de Mujer, Araceli Martínez, y el presidente del Colegio de Educadores, Francisco Peces, tras la rúbrica de dicho convenio que, dotado de 15.000 euros, permitirá la contratación de una educadora social para que, en un ambiente «emancipador no paternalista» ayude a estas mujeres.

«La ayuda que van a recibir va desde cómo gestionar los gastos de su hogar, hasta la escolarización de sus hijos. Parecen cosas sencillas, pero estas mujeres vienen de una vida sin autonomía ni independencia económica y necesitan un seguimiento de su vida real para fortalecer lo que han aprendido en las casas de acogida».

Serán diez mujeres, que ahora están en casas de acogida de la Junta, las que de forma voluntaria participen en este programa piloto que nace, sin embargo, con vocación de permanencia.

El programa, pionero en España, consta de dos fases: una de ejecución y otra de valoración para detectar medidas correctoras a implementar.

mensaje a vox.  En otro orden de asuntos, Martínez defendió la labor de los profesionales que trabajan con estas mujeres y rechazó que se cuestione su profesionalidad «por sectores conservadores y ultrarreaccionarios». «Nadie duda de la actuación de la Policía Nacional o de la Guardia Civil en cuando a la protección que ofrecen a las víctimas de maltrato, por qué hemos de dudar de la encomiable profesionalidad de los trabajadores de las unidades de género». Y añadió: «Todos sabemos que tras esa demanda subyacen motivaciones machistas que en Castilla-La Mancha no vamos a tolerar».