Castilla-La Mancha pidió este viernes que se de «más flexibilidad» a las comunidades autónomas para poder ejecutar los fondos europeos de recuperación. Lo hizo el vicepresidente de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, en la reunión preparatoria de la próxima conferencia de presidentes autonómicos con la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y el resto de presentantes autonómicos, donde se abordó profusamente este punto, el de los fondos de recuperación de la UE, de los que Castilla-La Mancha tiene ya asignados casi 1.500 millones de euros y que ya está ejecutando por medio de convocatorias de ayudas.

Guijarro planteó esa flexibilización para poder adaptar los programas «a la realidad de cada uno de los territorios», así como que las asignaciones que se puedan hacer «con carácter plurianual» para poder planificar mejor la ejecución de esos programas.

«Hay que ejecutar 70.000 millones de euros y eso significa que todas las administraciones nos pongamos manos a la obra para que esto sea un éxito, y provocar un cambio de modelo productivo del país», recordó Guijarro.

La reunión fue para el vicepresidente regional «muy constructiva» ya que se acordó el orden del día de esa próxima cita que tendrá lugar a mediados de enero en la isla de La Palma, y que contempla, además de esa recuperación social y económica tras la Covid, un punto en materia de coordinación del sistema nacional de protección civil, para extrapolar la experiencia que ya se tiene de colaboración entre administraciones en materia de extinción de incendios a otro tipo de catástrofes naturales.

En cuanto a la reforma del modelo de financiación autonómica, Guijarro consideró que el foro adecuado debe ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En cualquier caso, reiteró que la prioridad de la Comunidad es que se debe «articular un sistema que contribuya a financiar el coste efectivo de la prestación de los servicios públicos, porque la realidad socio demográfica de Castilla-La Mancha es muy distinta de otros territorios», dijo. Algo que quedó patente en la «Declaración de Santiago» de esta semana, con ocho comunidades que representan el 60% del territorio y que comparten la misma problemática.

El vicepresidente subrayó el «buen tono» tanto en el fondo como en las formas de este encuentro, donde se constató el «afán de las comunidades de continuar con este clima de colaboración institucional».