El Gobierno de Castilla-La Mancha volverá a solicitar un cambio en el modelo de financiación autonómica para que se tenga en cuenta los costes efectivos de la prestación de los servicios públicos en zonas despobladas que, tal y como ha dicho el vicepresidente autonómico, José Luis Martínez Guijarro, es el principal motivo del déficit de financiación de la Comunidad Autónoma.

Una petición que trasladará hoy el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante su turno de intervención en la Conferencia de Presidentes, que se está celebrando en Salamanca y que incluye entre los diferentes puntos del orden del día la cuestión del Reto Demográfico.

Así, en declaraciones previas a los medios de comunicación, Martínez Guijarro ha apuntado que la despoblación y la financiación autonómica “son casi las dos caras de una misma moneda”, porque en la región “nuestro déficit de financiación está directamente relacionado con el sobrecoste que supone la prestación de servicios públicos en territorios donde vive poca gente y, por lo tanto, están afectados por la despoblación”.

CLM reclama el coste de los servicios en la financiación

En este sentido, el vicepresidente ha señalado que Castilla-La Mancha llega a esta Conferencia de Presidentes, en la que se va a debatir la Estrategia Nacional del Reto Demográfico, habiendo aprobado ya una Ley de Medidas contra la Despoblación, “un ley pionera aprobada en la región, como así nos lo ha reconocido el propio presidente del Gobierno de España”, toda vez que se está trabajando en la Estrategia Regional frente a la Despoblación “que esperamos tener lista a finales de este año”, ha dicho Martínez Guijarro.

Además, y en el mismo apartado de reto demográfico, el presidente regional va a plantear al Gobierno de España que regule las ayudas de discriminación positiva hacia los territorios afectados por la despoblación en las provincias de Cuenca, Teruel y Soria, así como sus territorios adyacentes, que ha aprobado la Unión Europea y que supondrán hasta el 20 por ciento de los costes laborales para las empresas que ya están instaladas en estos territorios.