Los ayuntamientos respiran tras años de austeridad y tiran de la obra pública. Gracias a ellos, la provincia de Albacete cerró el año 2018 con un 15% más de inversión en infraestructuras públicas que el ejercicio anterior. Porque la Junta de Comunidades, que acumula años de una inversión mínima, incluso bajó su gasto un 24% con respecto al 2017 (el año pasado su licitación en la provincia fue de 11,6 millones) y el Estado también se quedó en el mínimo, apenas 13,8 millones de euros invertidos, un 2% menos que el año anterior.
Por el contrario, las administraciones locales se erigieron en 2018 como la principal fuente de licitación de obras ante la cercanía de las elecciones municipales convocadas para mayo. En Albacete, entre la Diputación y los 87 ayuntamientos, destinaron 25,2 millones de euros a este capítulo, un 75% más de lo invertido en el año 2017.
Entre las tres administraciones contraron obra por valor de 50,7 millones de euros, el mayor volumen licitado en los últimos ocho años, pero aún así la cifra queda a gran distancia de los niveles anteriores a la crisis, cuando cada año se superaban con holgura los 300 millones de euros de gasto en obra pública y edificación en la provincia. Eran años de primeras piedras e inauguraciones por doquier.
«Es una barbaridad, la inversión es casi diez veces menor», subraya Miguel Ángel Rodenas, vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Albacete (Apeca), un empresario que conoce bien el sector de la contratación pública, «no hay obras y las consecuencias están ahí, el sector ha adelgazado tanto que casi ha dejado de existir», sentencia. «Si en los años del boom había 17 ó 18 plantas de hormigón, ahora quedan dos, y plantas de aglomerados igual, nos queda una de las cuatro o cinco que había. La obra pública son canteras, albañiles, camiones, hormigones, ladrillos y muchos puestos de trabajo, pero eso se ha perdido», lamenta.
Esta escasez de obras unida a la nueva reglamentación de la Ley de Contratos del Sector Público ha terminado de dar la puntilla a los pequeños y medianos contratistas que había en la provincia, pues al perder la clasificación de empresarios licitadores ya no pueden concurrir a los contratos más jugosos, los que están por encima de los 500.000 euros. «Antes, cuando tenías cierta antigüedad, te la renovaban automáticamente, pero con la nueva ley esto cambió y la Junta Consultiva de Contratación empezó a quitar clasificaciones», desveló.
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