La ruta desde África hasta Canarias comenzó a reactivarse hace más de un año, aunque fue en 2020, en plena pandemia y con un flujo sin precedentes desde la crisis de los cayucos de 2006, cuando el polvorín de las islas estalló de lleno y Arguineguín se convirtió en la imagen del fracaso de la política migratoria del Gobierno y de la UE.
Los devastadores efectos económicos de la COVID-19, el cierre de fronteras para frenarla y una ruta marítima más barata y menos vigilada -aunque la más peligrosa para llegar a Europa- provocaron que hasta mediados de diciembre arribaran a Canarias 21.452 migrantes en 702 pateras en busca de un futuro sin expectativas.
Otros muchos murieron ahogados sin dejar rastro. Un total de 2.170 personas en 88 naufragios, más del doble de fallecimientos (un 143 por ciento más) que en 2019, cuando fueron 893 los decesos, según un informe recientemente publicado por la ONG Caminando Fronteras titulado Monitoreo del Derecho a la Vida durante el 2020.
«Estas cifras son una vergüenza», valoraba hace unos días la portavoz de este colectivo, Helena Maleno, en una rueda de prensa para presentar los datos, un trabajo fruto de un monitoreo exhaustivo desarrollado los 365 días del año junto a comunidades migrantes, servicios de rescate, redes de familiares y defensores de Derechos Humanos. Además, de este trágico balance de cifras se desprende que, del total de muertos, 2.082 personas están desaparecidas y solo 88 cuerpos fueron recuperados. «También es vergonzoso el porcentaje de desaparecidos, pues un 95 por ciento de los cuerpos se esfuma», indicó Maleno.
Un punto caliente
La ONG hizo también hincapié en la reactivación este año de la Ruta canaria, con 1.851 víctimas en 45 naufragios en la zona del archipiélago, una situación en la que influyó, según la portavoz de Caminando Fronteras, el «desmantelamiento de los servicios de rescate, la situación geográfica, pero también la falta de coordinación entre los distintos Estados».
«No se actúa como se debería, se ha llegado tarde a rescates en la ruta canaria en los que había posiciones y se llega seis o siete horas tarde, son tragedias evitables», advirtió. De los 88 naufragios, 33 embarcaciones desaparecieron completamente, lo que genera un «impacto terrible» en las familias, asevera Maleno.
La segunda ruta más mortal este 2020 fue la argelina con 231 indocumentados ahogados en 23 naufragios; seguida de la ruta de Alborán, con 62 víctimas mortales en 13 naufragios; y la ruta del Estrecho, con 26 fallecidos en seis naufragios. Así, según el informe, la ruta atlántica tiene una mortalidad del 32,1 por ciento, es decir, que tres de cada 10 personas que la utilizan mueren.
Este año, a los tradicionales factores que empujan a los sin papeles a embarcarse en una patera, como la pobreza, las guerras o la desestabilización política, se sumó otro factor «determinante» como es la pandemia de la COVID-19, pues ha causado un mayor empobrecimiento, según añadió la portavoz de la ONG. Asimismo, como alertó, el coronavirus ha sido un elemento estigmatizante para los migrantes, que han sido «señalados» como transmisores.
Atendiendo a los países de origen, las 2.170 víctimas mortales procedían de 15 países como Marruecos, Argelia, Senegal, Mauritania, Guinea Bissau, Guinea Conakri, República Democrática del Congo y Camerún, entre otros. Además, llaman la atención tres territorios por su lejanía: Islas Comoras, Bangladesh y Sri Lanka.
Por todo ello, ONG como Caminando Fronteras denuncian la «invisibilización» de estas «víctimas», así como la «estigmatización y criminalización» de ellas y sus familias, como ocurrió en el caso del padre de un niño senegalés que montó en un cayuco y que fue inculpado de la muerte de su hijo, a primeros de diciembre.
Tras una «catástrofe» como la vivida este año en las rutas migratorias, este tipo de instituciones piden al Gobierno que ponga los medios para que no haya tantas deseosos, que refuerce el salvamento y colabore con el resto de Estados, no solo para el control de fronteras, sino para «la defensa de la vida en los mares».