El Ministerio de Fomento y el Gobierno defienden la decisión de no haber seguido adelante con los planes del anterior Ejecutivo para construir los tramos pendientes en Albacete de la autovía A-32 por la fórmula del conocido PIC, el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras que utilizaría la fórmula de la colaboración público-privada para sacar adelante la infraestructura, tal y como el propio Mariano Rajoy anunció en su visita a Albacete el pasado mes de abril. Ahora, en respuesta a una pregunta parlamentaria hecha por la diputada provincial del PP Carmen Navarro, el Gobierno justifica dar marcha atrás y retomar la construcción de la A-32 vía Presupuestos Generales del Estado.

En la respuesta parlamentaria, el Gobierno señala que pese a los anuncios hechos por el anterior Ejecutivo, de los seis tramos de la A-32 en Albacete tres estaban aún en fase de redacción de proyecto cuando Rajoy hizo el anuncio de que el PIC sacaría adelante la autovía. Remite la respuesta parlamentaria del Gobierno a lo que el secretario de Estado de Infraestructuras, José Javier Izquierdo, explicó hace unos meses en la Comisión de Fomento: «El anterior Gobierno utilizó el PIC como una especie de cajón de sastre que permitía justificar que todo estaba en marcha cuando todo estaba, por lo general, bastante atrasado y bastante paralizado», un plan extraordinario mediante un sistema de colaboración público-privada «que permitió vender en todo el territorio nacional una relación de proyectos muy amplia en un distinto grado de madurez». El alto cargo del Ministerio dijo entonces que el Gobierno y el propio presidente Rajoy visitó algunas provincias con «anuncios de maquillaje y de propaganda», en ocasiones para comprometer «un proyecto que ni siquiera tenía iniciada la tramitación de impacto ambiental», aunque ese no era el caso de los tramos de Albacete para la A-32.

Pero el Gobierno da también otras explicaciones para responder al PP albacetense sobre por qué la A-32 ya no está en el PIC.  Señaló en la Comisión de Fomento el secretario de Estado de Infraestructuras que la fórmula elegida para la A-32, concesiones administrativas de obra pública con un plazo en torno a 25 o 30 años, se encontró ya en el mandato de Rajoy con «algunos problemas de legalidad importantes», pues se planteaban «unas rentabilidades para ese tipo de concesiones que no encajan con la Ley de desindexación de la economía española y con las rentabilidades máximas que establecen los decretos de desarrollo de esa norma». Pero además financiara la A-32 por el PIC era más caro para el erario público: «Estas inversiones pueden llegar a multiplicar por dos veces y media o más su valor inicial en proyecto». Además, la fórmula «genera unos cánones que, teniendo que absorberlos en 30 años, compromete mucho los presupuestos de esos 30 años futuros y, por tanto, la capacidad de inversión del Ministerio de Fomento para ejercicios venideros». Más información en edición impresa