Las Fuerzas de Seguridad del Estado investigarán un bulo consistente en una falsificación de un mensaje de la cuenta de la red social Twitter de la Junta de Comunidades en el que se anunciaba, con el actual ambiente de alarma social en torno al coronavirus, el cierre de los centros de enseñanza no universitaria de la región desde el próximo jueves 12 de marzo hasta el 1 de abril. El Gobierno regional ha desmentido esto, y puesto el asunto en manos policiales.

La falsificación en cuestión consiste en una fotografía de una pantalla de ordenador en la que se ve un aparente mensaje del Twitter de la Junta en el que se asegura que «La Junta de Castilla-La Mancha anuncia de manera oficial: A partir del día 12 de marzo los centros públicos y privados desde guarderías  hasta bachiller permanecerán cerrados de manera oficial hasta el 1 de abril».

Esta imagen habría sido viralizada a través de sistemas de mensajería como Whattshap y estaba dotada de detalles para incrementar su verismo, como que figurara dentro de una pestaña de un navegador de Internete o su reenvío desde el Twitter de la Consejería de Educación.

En una nota, el Gobierno regional ha desmentido este mensaje falso. «La Administración regional no ha dado ninguna instrucción de cierre de centros públicos ni privados, y precisamente, se está poniendo en contacto con todos estos centros para advertirles de esta falsedad». Tambien avisa de que pondrá el hecho en conocimiento de las Fuerzas de Seguridad «para averiguar quien se encuentra detrás de la suplantación de una imagen oficial del Gobierno de Castilla-La Mancha, además de contribuir a crear una alarma social innecesaria», y pide «más responsabilidad que nunca en lugar de alarmar a la sociedad».  

Hasta tres años de cárcel.

El Código Penal ofrece varias posibilidades para castigar la difusión de un bulo, pero este caso concreto  se acercaría a una usurpación de funciones públicas. Este delito, recogido en el artículo 402 del Código Penal, castiga a quien «ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial» con una pena de uno a tres años de prisión. En este caso, se ha simulado un escrito de un canal de comunicación de una institución oficial -el Twitter de la Junta- dotándole del máximo posible de verosimilitud para que sea percibido como una decisión gubernativa.

El hecho también podría incardinarse en una presunta falsificación de  documento público. Este delito, recogido en los artículo 392 y 390 del Código, castiga al particular que, entre cuestiones,  simule un documento público en todo o en parte «de manera que induzca a error sobre su autenticidad», a una pena que oscilaría entre los seis meses y los tres años de prisión.