Una veintena de agentes de la Guardia Civil se quedaron ayer por el término municipal de la localidad toledana de Ocaña para vigilar que los ocupas abandonaban la localidad y desistían de una nueva usurpación. Así finalizaba la tercera operación en un año dirigida por los juzgados radicados en este término municipal contra este tipo de ilegalidad que amarga a los consistorios más cercanos a la Comunidad de Madrid. No obstante, quedan más trámites pendientes porque el Ayuntamiento había calculado recientemente que hay un millar de casas ocupadas.

Así lo explicó a este diario el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Juan José Rodríguez, quien detalló que la operación judicial de ayer sirvió para el desalojo de 26 viviendas localizadas en un mismo inmueble, concretamente en la calle de Mayor del Villar.

Las primeras ocupaciones en este bloque se remontan a hace unos ocho años. Desde entonces, los legítimos propietarios han convivido con familias que han utilizado ilegalmente las casas. «Ha sido un infierno», comentaba a este diario el representante municipal sobre la desesperación de los dueños de las viviendas. «Era gente conflictiva», apostillaba. Como muestra, el dispositivo planteado por la Guardia Civil y la Policía Local para escoltar a los agentes judiciales para confirmar el desalojo en casas que pertenecen a particulares, bancos e inmobiliarias. Las casas estaban destrozadas.

«Afecta a la convivencia y crea miedo», señaló el concejal por el disgusto del resto de residentes de la zona, principalmente ancianos. El Ayuntamiento comprobaba enganches ilegales del alumbrado público en esas ocupaciones en un inmueble levantado en pleno estallido inmobiliario, hace más de 10 años.

El Juzgado número 2 de Ocaña ha encabezado este tercer golpe en menos de un año. A finales de septiembre de 2019, las fuerzas de seguridad hacían lo propio en un inmueble con un centenar de casas ocupadas junto a la cárcel en la calle Clavel. Recientemente, a finales de agosto, los agentes judiciales ordenaban también el abandono de 59 viviendas repartidas en tres bloques.

«Nos hemos puesto serios para atajar (las ocupaciones) y colaboramos junto con la Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», apuntó el portavoz sobre la actitud del equipo de Gobierno, que asume funciones de vigilancia y localización de los legítimos propietarios, así como la tarea de tapiar inmuebles para evitar nuevas ocupaciones.

un millar de casas. «Afecta gravemente a la convivencia en Ocaña», insiste Rodríguez, quien calcula en un millar las casas ocupadas en un término municipal con menos de 11.000 empadronados. Una cantidad extraordinaria, teniendo en cuenta que los alcaldes de La Sagra sopesan un número aproximado en esta comarca, la más castigada de la provincia en opinión de los representantes políticos.

El Ayuntamiento ocañense ha detectado también que los ocupas han abandonado inmuebles a tenor de las operaciones judiciales enjundiosas del último año. «Estas intervenciones hacen lo contrario de un efecto llamada. Los que están ocupando se van», subraya el también segundo teniente de alcalde.

La ocupación se agravó durante los dos últimos años en la localidad de Ocaña con el caramelo de las aproximadamente 4.000 nuevas que se construyeron durante el estallido inmobiliario en España. Los juzgados de Ocaña tienen todavía trabajo por delante, aún quedan bloques de pisos colonizados por los ocupas.