Más de 200 profesionales de los servicios sociales se han unido para denunciar los recortes «sistemáticos»  que están sufriendo los servicios públicos en la región. En un manifiesto al que ha tenido acceso La Tribuna, este colectivo alerta del  «progresivo deterioro y desmantelamiento» de los servicios sociales en una comunidad  que, como añaden, presenta la cuarta tasa de pobreza más elevada de España y donde un 16% de la población (más de 328.000 personas) está en  situación de exclusión social, según el último informe Foessa.

Una situación que  se convierte en alarmante al hablar de ámbitos tan sensibles como el de las Ayudas de Emergencia Social (AES) y el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), cuyas solicitudes llevan meses en los cajones de la Junta de Comunidades.  Y eso que, como recuerdan, el Gobierno regional se comprometió a aumentar la partida económica prevista para este año ante la alarma «que se empezaba a generarse  por la denegación de solicitudes».

La realidad es otra, según estos profesionales,  y «el anunciado aumento presupuestario» se ha convertido en un «recorte del 42% en el caso de las AES y del 12% en el del IMS». Así, «a finales de enero  nos encontramos con la denegación sistemática de una gran parte de expedientes de las AES que fueron solicitadas en el pasado 2019, estando aún sin resolverse expedientes presentados en la segunda mitad de ese año».

Criterios cambiantes.  Además, «desde la Consejería de Bienestar Social se están aplicando nuevos criterios para la valoración de las solicitudes, endureciendo el acceso a las mismas», con la intención de que sean «menos las familias que reciban este apoyo en 2020 y, si lo reciben, será en cuantías más pequeñas», a juicio de los firmantes de este manifiesto.

A esta paralización del IMS y de las AES, unen también la no convocatoria de las ayudas económicas anuales a favor de mayores, menores y personas con discapacidad o las destinadas eliminación de barreras arquitectónicas. «Ayudas que en su día fueron suprimidas y de las que nunca más se supo», lamentan.  

Por no hablar de la tan traída y llevada Ley de Dependencia que, según dicen, « se ha convertido en un gran embudo por el que pasan todas nuestras escasas posibilidades de apoyo a las familias». «Lo que antes eran prestaciones, servicios y derechos universales, ahora lo son sólo para un número cada vez más limitado de personas dependientes y con cada vez más limitaciones», afirma este manifiesto. Un texto que no duda en advertir de la «privatización» de los servicios sociales a cuenta de «la falta de disponibilidad presupuestaria para atender públicamente las necesidades personales».

Centros de día saturados. El panorama es «devastador», según afirman, con servicios como los Centros de Día o los Servicios de Estancias Diurnas  «saturados».

Una infrafinanciación que, como insisten, también se nota en «otros recursos imprescindibles como los programas de Intervención Familiar y Equipos Técnicos de Inclusión», que «están siendo financiados muy por debajo de las necesidades reales de nuestra comunidad, con un déficit enorme de profesionales y escasa financiación en los proyectos que dependen de ellos».

Burocracia «insoportable». Una situación que, según los firmantes de este manifiesto, «provoca una sensación de abandono, desprotección y hastío en muchas familias ante la falta de respuestas eficaces por parte de la Junta». Entre otras cosas, porque los trámites burocráticos  «les terminan llevando de manera indefinida a listas de espera que, normalmente, son literalmente insoportables y a la larga impiden el acceso a los recursos/servicios que les son reconocidos en la normativa legal, por lo que muchas de las situaciones y callejones burocráticos sin salida se asemejan demasiado a un maltrato institucional que tenemos el deber de denunciar».

En cuanto a la situación de los profesionales, este manifiesto habla de «malestar» e «indignación». «Nuestra valoración profesional y el texto normativo de las diferentes convocatorias no parece tener valor, ya que el acceso a los recursos y prestaciones al final dependen de las instrucciones cambiantes que llegan en cada momento desde la Consejería».  

Agresiones en aumento. Y  está provocando también una respuesta rebote: un aumento progresivo en el número de amenazas y agresiones hacia las profesionales de los Servicios Sociales Básicos. «Para esas personas es tremendamente frustrante salir de nuestros despachos igual que han llegado o recibir esperas de interminables meses o años para una ayuda a la que tienen derecho y que en cada vez más ocasiones llegará demasiado tarde», lamenta esta manifiesto remitido al Gobierno regional. Especialmente cuando «nuestra labor profesional se basa, entre otras cosas, en la confianza, en la utilidad, en la credibilidad».

Más dinero.  Con todo,  la exigencia de este colectivo es clara: que el Gobierno Regional «refuerce presupuestariamente a los Servicios Sociales de Atención Primaria del Sistema Público de Servicios Sociales» y «apueste de manera decidida por la prevención como principio básico de atención a la población», así como por la atención de toda la población mediante la gestión eficaz de derechos sociales básicos y universales». El objetivo no es otro que evitar «que la única salida que les quede a las familias de Castilla-La Mancha para la resolución de sus problemas más graves sean el recurrir a tantas instituciones que gestionan beneficencia con dinero público o resignarse a no poder hacer efectivos derechos básicos que tienen reconocidos», según concluye este colectivo.