El Gobierno regional todavía no ha aprobado la oferta pública de empleo correspondiente a 2019 -aunque se estima que superará las 2.000 plazas-, pero ya ha planificado cuál va a ser la de los próximos años. Así se recoge en el II Plan de Impulso a los Servicios Públicos que se ha aprobado esta semana en Consejo de Gobierno y que funcionará de 2020 a 2023.

El dato conjunto llegará a las 6.000 plazas de empleo público. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, explicó esta mañana que es una estimación «de mínimos», pues se basan en la normativa que está vigente, la de los presupuestos prorrogados de Montoro, que ponen como máximo una tasa de reposición del 100%. Es decir, que Castilla-La Mancha podría sacar todas las plazas que quedasen libres por bajas:jubilaciones, fallecimientos, traslados a otras administraciones.Pero no podría sacar ni una más, a menos que cambie la legislación.

Hasta la fecha Castilla-La Mancha sí ha podido aprovechar la ‘tasa de estabilización’, que permitía sumir más plazas sacando aquellas que estaban ocupadas por un interino. Así se ha conseguido rebajar el porcentaje de interinos al 8% en el ámbito educativo o al 3% en la Administración general.

El Plan de Impulso de Servicios Públicos precisa que de esas 6.000 plazas de empleo público, la mayor parte irá para Sanidad, con 2.300 (representan el 37%). Luego irían las 2.000 plazas de Educación (el 34%) y las 1.700 de Administración General (un 29%).

También se hace un reparto por años. La oferta de empleo público de 2020 sería de 1.300 plazas, la de 2021 subiría a las 1.400 y para 2022 y 2023 quedarían 1.600 para cada año. Ruiz Molina explicó que para llegar al 100% de tasa de reposición hay que cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, como hizo la región en 2018. Si no se cumple, en algunas áreas la tasa también se puede cubrir al 100%, pero en otras baja al 75%.