La reforma laboral pactada entre el Gobierno y los agentes sociales introduce cambios a la contratación y la negociación colectiva en el sector primario, lo que ha generado inquietud entre los empresarios y esperanza en los sindicatos. A la espera de su tramitación parlamentaria y de posibles cambios, destaca la reducción de los tipos de contratos, ya que el indefinido pasa a ser el ordinario y los temporales se limitan a circunstancias de la producción (hasta seis meses, ampliables por otros seis) o para cubrir una excedencia. Para situaciones previsibles y de duración reducida y delimitada, el contrato temporal podrá utilizarse durante un total de 90 días, nunca de manera continuada. Y quien acumule 18 meses de trabajo en un periodo de dos años pasará a ser fijo.

En cuanto a la negociación colectiva, los convenios que hayan caducado seguirán aplicándose sin límite de un año hasta que sean renegociados, entre otras novedades. Además, desaparece el contrato de obra y servicio y los existentes actualmente de esta categoría solo podrán seguir vigentes durante seis meses tras la entrada en vigor de la reforma.

Otro punto que puede afectar al sector es la penalización por contratos inferiores a 30 días, ya que las características propias de algunos trabajos agrícolas o ganaderos hacen que su duración no llegue a esa cifra. En caso de que el contrato no llegue a los 30 días el empresario tendrá que abonar una cotización adicional a la seguridad social de 26 euros en el momento en que se dé de baja al trabajador en cuestión.

Las sanciones por incumplimiento de la normativa se elevan (alcanzan entre 8.000 y 10.000 euros en su grado máximo) y se aplicarán por cada trabajador indebidamente contratado, no por empresa como hasta ahora.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha calificado de «buena noticia» que el diálogo social haya concluido con un pacto entre empresarios y sindicatos. «Habrá que aplicar lo pactado en la reforma laboral y ver de qué modo se ajusta a lo que supone el ciclo productivo en el conjunto de los sectores. Si se ha acordado así, debería ser aplicable también en el sector agrario», ha apuntado Planas.

Más crítica se ha mostrado la organización agraria ASAJA, que se abstuvo en la reunión de la patronal CEOE que avaló el texto negociado porque, en su opinión, la reforma no responde a las necesidades y peticiones del sector agrario formuladas a la Administración. Su director general, Juan José Álvarez, ha expresado preocupación porque, al reducirse las posibilidades de contratación temporal, «se complica mucho la gestión de las campañas agrícolas» y «las empresas del sector no están en situación de hacer fijos discontinuos a todos los trabajadores que necesitan» para esos momentos.

El único contrato que les puede servir es el de un máximo de 90 días al año en «campañas muy cortas y programadas», según Álvarez, quien ha descartado que se puedan aplicar a las campañas de tres meses (que deberían cubrirse con la figura del fijo discontinuo), lo que supone un «encarecimiento de la contratación laboral».

El responsable de Frutas y Hortalizas de COAG, Andrés Góngora, ha considerado que esas limitaciones «pueden ser un problema» y espera que se tengan en cuenta las particularidades del sector primario, como sus campañas y otras situaciones que «solo se pueden cubrir con contratos temporales». Ha asegurado que el contrato fijo discontinuo se está desarrollando progresivamente en campañas muy largas como las hortofrutícolas o en la ganadería, pero ha matizado que, si no se utiliza más, es porque en el campo se renueva mucho la plantilla y «muchos trabajadores ven ahí una oportunidad pero, a poco que pueden, buscan estabilidad en otros sectores». Góngora ha advertido de que la limitación de los contratos temporales puede beneficiar la subcontratación a través de las empresas de trabajo temporal, que están implantándose con mucha fuerza en el mundo rural, a pesar de que «no deben predominar en las relaciones laborales porque rompen la vinculación directa con el agricultor».

Fuentes de UPA han negado que vaya a haber problemas con el trabajo de campaña agrario, que quedará principalmente enmarcado en los contratos de temporada, y ha destacado que en muchas zonas lo que falta es mano de obra y «las explotaciones que pueden fidelizarla ya lo están haciendo». La organización ha defendido que, si la Ley de la Cadena Alimentaria se cumple, se podrá repercutir la subida de costes laborales. «Costará al principio adaptarse a los cambios, pero no tendrán efectos negativos para las explotaciones familiares», sostiene UPA, que ha expresado su deseo de que la reforma laboral «inicie una nueva etapa de entendimiento laboral y una mayor interlocución» con el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Según Unión de Uniones la Ministra Yolanda Díaz vuelve a arrinconar al sector agrario en las grandes decisiones que afectan a su actividad. La reforma laboral acordada con CEOE y sindicatos, afirma la organización, limita la capacidad de las explotaciones en la creación de empleo durante las campañas agrícolas.

Cada año, unas 117.000 explotaciones agrícolas y ganaderas están generando del orden de tres millones de contratos, de los cuales una parte importante se firman con carácter eventual para la realización de tareas concretas sujetas a la estacionalidad intrínseca a la producción agraria. Sin embargo, ni la importancia de las cifras ni las especificidades que presenta el sector en materia de contratación se han visto reflejadas en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, la CEOE y los sindicatos para la reforma laboral, lamentan desde la organización.

«La Ministra Yolanda Díaz sólo se acuerda de los agricultores y ganaderos para enviarnos cartas amenazantes y brearnos a inspecciones en plena faena de recolección», critican desde Unión de Uniones, que recuerda que no ha habido ni una sola reunión para consultar la reforma con el sector. «O no tienen ni idea -cosa difícil de pensar porque debe de haber funcionarios y responsables que sepan conozcan el campo- o esto ya raya directamente con el desprecio a nuestra actividad y a quienes la ejercemos», han añadido.

La organización agraria se ha dirigido por escrito a la Ministra Yolanda Díaz para señalarle que debería haber consultado al sector agrario antes de dar salida a una norma que puede afectarle de manera importante y para solicitar una reunión al objeto de conocer como se van a implementar las nuevas normas y prevenir posibles efectos adversos para la gestión de las explotaciones y para la generación de empleo.

Los sindicatos.

Por parte de los sindicatos, el responsable estatal del campo de CCOO de Industria, Vicente Jiménez, ha mostrado su interés en que la reforma laboral «elimine la precariedad y la temporalidad en la actividad agraria». Ha admitido que las campañas se han vuelto cada vez más cortas por la digitalización y mecanización y son más complejas porque no todos los temporeros van al mismo lugar durante varios años seguidos, pero, si sus campañas se repiten, «su figura ya no es eventual y debería contemplarse la del fijo discontinuo». Además ha pedido que a esos trabajadores se les ofrezca cobertura y compatibilidad con subsidios y prestaciones.

El secretario del sector agroalimentario de UGT, Sebastián Serena, ha considerado que la reforma laboral no implicará «grandes cambios» para el sector agropecuario, que -a su juicio- requiere una legislación diferente que dé garantías a la mano de obra. «Hablamos de un sector especial que emplea a más de un millón de personas al año que son esenciales para nuestra alimentación. Se deben garantizar sus derechos para que los días que no trabajen tengan una cobertura social y puedan vivir y mantener a sus familias», ha remarcado. También insta a cumplir la ley y ha defendido que la reforma repercutirá en la negociación colectiva, que en el sector viene funcionando en los últimos años sobre todo con convenios provinciales, a falta de uno estatal.

De cualquier modo, no se sabe en qué grado va a afectar esta reforma al sector agrario, pero lo que parece claro es que no va a beneficiarle. Las organizaciones en bloque coinciden en que ha sido redactada de espaldas a la realidad del campo, con gran desconocimiento de su día a día y de la temporalidad que le caracteriza, y hay un temor real a que suponga la perdida de miles de puestos de trabajo.

En cualquier caso, lo más probable es que implique un nuevo aumento en los gastos de producción de muchas explotaciones al complicarse las contrataciones. Esto no tendría que ser un problema si ese aumento se viera reflejado en los precios que perciben los productores, pero los hechos que se han vivido en 2021, sobre todo en el último semestre, con el encarecimientos de materias primas, combustibles o fertilizantes, no invitan al optimismo en ese sentido. De hecho, esa imposibilidad para repercutir el aumento de los gastos en los importes de venta es una de las razones por las que los ganaderos y agricultores están saliendo a la calle a protestar un día sí y otro también.

Incremento del salario mínimo.

El Salario Mínimo Interprofesional también ha supuesto un problema en el ámbito laboral para los empresarios agrarios en los últimos tiempos. Con dos subidas en 2020 y 2021 que se han traducido en un aumento del 7%, ha supuesto un sensible incremento de gastos a la hora de cubrir las campañas de recolección. En enero de 2020 pasó de golpe de 900 a 950 euros y coincidió con una destrucción de empleo agrario que los profesionales del campo relacionaron directamente con esta subida, aunque fuentes del Gobierno achacaron el crecimiento del paro agrario a «la meteorología adversa, la mecanización, la estructura de precios o a una campaña de la aceituna más corta y menos fructífera». Este año ha subido 15 euros más hasta 965 y los sindicatos pretenden que en 2022 la cifra llegue a los 1.000 euros, algo que se ve con buenos ojos desde el Gobierno.