De «justicia hídrica» calificó en el día de ayer el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, el anuncio de revocar la declaración de interés regional, realizado por el gobierno de María Dolores de Cospedal para los regadíos de Cancarix.
Ruiz Santos calificó la Declaración de Interés Regional de estos terrenos de 862 hectáreas, aprobada en la Legislatura pasada por Cospedal como «una recalificación para uso agrícola», indicó que «los regantes de La Horca, Minateda y Agramón, que representan a más de 300 familias, tienen el mismo derecho de utilizar una reserva de agua que ya estaba establecida», en relación a los 2,4 hectómetros del trasvase Tajo-Segura.
Asimismo, recordó que los regantes de esta zona, ya presentaron alegaciones a este Decreto «al entender que perjudicaba los intereses agrícolas en estas pedanías de Hellín; incumpliendo el Plan Nacional de Regadíos y diferentes Directivas europeas de medio ambiente, en materia de sostenibilidad».
Esta decisión que adoptará el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y su Gobierno «debe servir para que se reanuden las conversaciones entre los regantes, la Confederación Hidrográfica del Segura y la propia Junta de Comunidades».
vísperas electorales. Desde el Ayuntamiento, el concejal de Agricultura y primer teniente de alcalde, Julián Martínez Lizán, indicó que ante las decisiones técnicas y jurídicas, «no se puede hacer nada más que esperar, pero desde el Ayuntamiento vamos a trabajar intensamente para conseguir que haya acuerdo entre los regantes y que el agua se quede en Hellín y no pase de largo, como está ocurriendo, desgraciadamente, desde hace muchos años. Tenemos agua en la comarca que debemos aprovechar aquí, y a ello vamos a dedicar nuestro esfuerzo». José Manzanedo, desde la comunidad de regantes de Agramón, considera que la decisión «es justa y esperada, y hay que decir que la anterior se basaba en una mentira, pues las compensaciones, desde los años 80, debían ser para nuestra zona y no para la de Cancarix, como puede comprobarse en el Real Decreto de 3 de noviembre de 1982».