Pedro Sánchez ha subrayado hoy ante las protestas y disturbios en Cataluña contra la sentencia del "procés" que "el Estado de derecho no puede ceder al impulso de la exaltación" y ha recalcado que "no habrá impunidad" ante los hechos "vandálicos" de los últimos días.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo Europeo en Bruselas, Sánchez ha insistido en que cualquier decisión que se vaya a tomar en Cataluña "está prevista" y se ha diseñado, ha reiterado, bajo los principios de "firmeza democrática, unidad y proporcionalidad". Pero también ha advertido de que es la propia ley la que dicta cuándo se pueden tomar y cuándo no medidas extraordinarias.

Además ha considerado que esas medidas extraordinarias tienen que tener una "legitimidad social" y la gente debe entender cuándo se toman.

En este sentido, ha considerado que el Gobierno cuenta con la "legitimidad democrática" para tomar medidas y las leyes le amparan, pero también ha querido subrayar que "hay suficiente doctrina y suficiente normativa para saber cuándo se puede y no aplicar". Y ha insistido en reivindicar esa legitimidad social antes de tomar cualquier medida como el 155 o la Ley de Seguridad Nacional, hacerlo cuando la ciudadanía entienda que son necesarias.

"La ponderación contribuye a calmar los ánimos y reconducir las situaciones, eso es lo que va a hacer el Gobierno de España", ha insistido Sánchez.

En esta jornada de huelga general en Cataluña, Sánchez ha subrayado que quienes ponen en duda la fortaleza del sistema democrático pueden ver que en España se respeta el derecho a la manifestación y debe ser protegido por todos los poderes, pero también debe ser ejercido de un modo "absolutamente pacífico sin afectar a los demás ciudadanos".

Por otro lado, tras día y medio reunido con los líderes europeos en Bruselas, ha asegurado que en las conversaciones de esta cumbre sobre Cataluña no han ido "más allá" de las preguntas de otros jefes de Gobierno sobre los hechos vandálicos" y no ha percibido más que ese "interés mediático" de las imágenes de estos días.

Además ha puesto en valor la labor que han hecho el Ministerio de Asuntos Exteriores, las embajadas y todo el cuerpo diplomático, dando ese mensaje "claro" de defensa del Estado social y democrático de derecho y de la fortaleza de la democracia española. "Estoy muy satisfecho con esa labor", ha añadido.

Y a la pregunta de si ha hablado con el jefe del Gobierno belga, Charles Michel, sobre la euroorden contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Sánchez ha recordado que ambos países son democracias consolidadas y por tanto a un primer ministro no se le pueden plantear cuestiones que afecten a la separación de poderes.

Ha añadido, en cualquier caso, que "el Gobierno está trabajando en que se cumplan las decisiones basadas en la legalidad democrática por parte del poder judicial dentro y fuera de las fronteras".

Petición de la suspensión del Plan de Acción Exterior

El Gobierno ha anunciado este viernes un acuerdo para pedir al Tribunal Constitucional (TC) que suspenda el Plan de Acción Exterior de Cataluña por considerar que "plantea un conflicto de competencias".

El acuerdo del Consejo de ministros estipula que dicho plan "excede el ámbito de actuación de la Generalitat" en el exterior, menoscaba competencias del Estado en materia de relaciones internacionales y vulnera el principio de lealtad constitucional en el ejercicio de las competencias propias, ha dicho la ministra portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá.

En ese acuerdo se invoca el artículo 161.2 de la Constitución "para que se produzca la suspensión de dicho plan" después de que el Ejecutivo catalán contestara "negativamente" al requerimiento de incompetencia que se le remitió el pasado 23 de agosto, ha precisado.

Ahora, según la ministra, "el Gobierno interpone un conflicto positivo de competencia", al constatar que "persisten los problemas señalados en dicho requerimiento".

El objetivo de esta iniciativa, ha dicho, es que el Constitucional declare que Cataluña ha menoscabado competencias del Estado y el principio de lealtad constitucional porque, entre otras razones, el plan no menciona otros sujetos de la acción exterior, obvia la necesidad de coordinar esa acción y omite toda referencia al Estado y a la función de coordinación que realiza.

Celaá ha explicado que el análisis del Plan de Acción Exterior catalán 2019-2022 "no puede dejar de lado el contexto en el que ha sido aprobado" y que, como ha señalado el Consejo de Estado, es el de "un proceso independentista que pretende el desprestigio de la imagen internacional de España".