El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a la convocatoria anual de subvenciones para desarrollar proyectos de inclusión social por un importe global de 5,3 millones, 200.000 euros más que en 2020.
Un incremento que tiene que ver con la necesidad de prestar una especial atención a las situaciones de riesgo que se hayan podido agravar por la pandemia, según explica la portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández. Y es que, esta crisis sanitaria y económica de la Covid-19 está pasando una «factura mucho más grande» a este colectivo.
El año pasado se realizaron 123 proyectos, a cargo de 61 entidades de iniciativa social, que beneficiaron directamente a 9.662 personas en situación de vulnerabilidad y que fueron atendidas por 818 profesionales de equipos multidisciplinares.
Fernández insiste en que la intervención en materia de inclusión social no debe circunscribirse solo al acompañamiento en la superación de las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social, sino que es necesario investigar sobre los factores y causas que inciden en las mismas, apoyar el diseño y la implementación de nuevos modelos de intervención, así como nuevos instrumentos que mejoren y optimicen la atención integral de las personas. Aquí, añade, resulta fundamental la colaboración con las universidades.
Esta convocatoria se centra en el fomento de nuevas actividades en zonas especialmente deprimidas por problemas de despoblamiento y declive socioeconómico, las llamadas zonas ITI.