El Partido Popular de Castilla-La Mancha insiste en que la región debe liderar la lucha contra la ocupación ilegal en España. Un «problema creciente» aseguran, que afecta de manera especial a algunas provincias como Toledo, con el corredor de la Sagra y la zona de Ocaña como exponentes, y en Guadalajara, con el corredor del Henares.

Este martes fue la senadora ‘popular’ Pilar Alía la que puso voz a esta reclamación solicitando «medidas» para poner freno a una práctica que «no solo ataca al derecho a la propiedad provada, sino que altera el orden público poniendo en peligro la seguridad y la integridad de las personas».

Alía reclamó la participación de los partidos políticos, pero también de la Abogacía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la sociedad civil, algo a lo que según dijo «Page se opone constantemente».

Claves. Eso sí, esta nueva norma debería tener a su juicio algunos aspectos claves que hoy facilitan esa ocupación ilegal: como es la prohibición de empadronarse a los que ocupan las viviendas; la recuperación del delito de usurpación; y que las viviendas puedan ser desalojadas en un plazo de 48 horas.

«No buscamos perjudicar a las personas en situación de vulnerabilidad» aclaró la senadora, convencida de que estamos ante una situación que exige la puesta en marcha de esta ley ya que «los ayuntamientos se sienten impotentes» con consumos de agua que no se pagan o enganches ilegales a la red eléctrica «mientras el resto de vecinos paga religiosamente sus impuestos».