Las regiones españolas apoyan la declaración antiaranceles

EP
-

La declaración la impulsó el Gobierno castellano-manchego y es un primerp aso para abrir la puerta a sumar a los países afectados para que se pueda llevar a la próxima sesión plenaria del Comité de las Regiones de diciembre

La directora general de Asuntos Europeas quiere que se sumen ahora los países.

El Comité de las Regiones ha tenido conocimiento de la declaración impulsada por el Gobierno castellano-manchego de Emiliano García-Page para empezar a dar pasos desde la Unión Europea de cara a protegerse contra la política arancelaria anunciada por la Administración de Donald Trump contra los productos europeos, lo que supone un primer paso que en el medio plazo puede cristalizar en ayudas económicas compensatorias para las empresas de las regiones de toda Europa.
La declaración, que a instancias del Gobierno de Castilla-La Mancha ha recabado el apoyo de todas las comunidades autónomas que forman parte de la delegación española del Comité de las Regiones en su última sesión plenaria, ha sido defendida por la región que ostenta la Presidencia de turno, la Comunidad Valenciana.
Esta declaración considera que los acuerdos bilaterales «son fundamentales para el sector agroalimentario de las regiones, teniendo en cuenta el potencial exportador de España que se incrementa año tras año».
La directora general de Asuntos Europeos de la Junta,  Virginia Marco, explicó a los medios tras celebrarse la sesión plenaria que este primer paso sirve también para abrir la puerta a sumar más países afectados a esta declaración.
Ahora se intentará que países como Alemania, Francia o Italia, que se encuentran entre los más afectados, se alíen con esta propuesta originada en Castilla-La Mancha para que su postura sea unánime dentro del Comité de las Regiones. Los siguientes pasos están orientados a elevar esta declaración a la próxima sesión plenaria del Comité de las Regiones de diciembre para que cristalice en una resolución firme y urgente «y con el suficiente peso político y jurídico» para blindar en las instituciones europeas un posicionamiento «fuerte» de cara a renegociar las «amena