La Comisión Europea va a observar "con atención" el desarrollo de la reforma planteada por PSOE y Unidas Podemos para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al tiempo que advierte de que no debe comprometerse la independencia judicial ni dejar que el CGPJ sea percibido como "vulnerable a la politización".

Bruselas está al tanto del anuncio del proyecto de reforma anunciado en España, por lo que su intención es "observar con atención" cómo evoluciona este proceso, según ha informado el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, quien ha recordado que el reciente informe sobre el Estado de derecho en España subrayaba la importancia de garantizar que el CGPJ "no sea percibido como vulnerable a la politización".

El Ejecutivo comunitario publicó hace apenas una semana su primera evaluación del Estado de derecho en cada Estado miembro y, en el caso de España, no detectó riesgos graves en su sistema democrático pero alertó de que la situación del CGPJ en España era un "desafío" que se debía afrontar.

Polonia y Hungría

Polonia y Hungría también están en el punto de mira de las instituciones europeas por las controvertidas reformas introducidas en sus sistemas judiciales, y que podrían ser objeto de sanciones, incluida la pérdida de voto en el Consejo Europeo.

Estos dos países del Este de Europa están siendo especialmente vigilados en un momento en que se está discutiendo el cumplimiento del estado de Derecho como posible condición para el reparto de fondos de recuperación tras la pandemia.

En el caso de Polonia, las reformas, que afectan al Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los tribunales ordinarios, el Consejo Nacional del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, han aumentado la influencia de los poderes ejecutivo y legislativo sobre el sistema judicial y, por lo tanto, han debilitado la independencia judicial.

Según el citado informe sobre el estado de Derecho en la UE, la independencia judicial en Hungría en los últimos años también ha sido fuente de "preocupación" para las instituciones europeas.

Ya en 2018, el pleno del Parlamento Europeo recomendó aplicar el artículo 7 de los tratados europeos y sancionar a Hungría, al considerar que existe un riesgo de violación del Estado de Derecho. En lo tocante a la independencia judicial, el informe sobre el estado de derecho en Hungría destaca que el Consejo Nacional del Poder Judicial independiente afronta dificultades a la hora de actuar como contrapeso a las competencias del presidente de la Oficina Nacional del Poder Judicial a cargo de la gestión de los órganos jurisdiccionales.

Ambos casos están ahora en manos del Consejo, es decir, de los países europeos que tendrán que decidir y votar, en último término, si constatan la existencia de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en esos países.

Esta votación puede salir adelante con el voto a favor de cuatro quintos de los Estados miembros sin contar el país afectado, es decir, 22 de 27 socios.

Los países también pueden optar por hacer recomendaciones al país destinadas a hacer frente a los peligros para los valores fundacionales de la Unión Europea.