La ley por la se creará una reserva estratégica de material sanitario en Castilla-La Mancha casi ha conseguido unir a los grupos parlamentarios (PSOE, PP y Ciudadanos). El grueso del texto presentado por socialistas y naranjas dentro del marco del pacto por la recuperación, ha conseguido el apoyo de ambos partidos y la abstención del PP, que pese a no estar muy de acuerdo con algunos puntos incluidos en esta ley (especialmente con la creación de una corporación específica para gestionar esta reserva), ha decidido no posicionarse en contra.

Esta nueva ley pretende crear una reserva regional de material de protección en los centros sanitarios y sociosanitarios, con la que cubrir las necesidades básicas durante al menos 120 días en caso de necesidad. ¿El objetivo? Evitar que vuelvan a repetirse escenas como las vividas al inicio de la pandemia, donde las existencias de mascarillas, guantes y batas volaron en cuestión de días.

Una reserva que es la primera de estas características en España (algunos países como Finlandia cuenta con una reserva similar herencia de la Guerra Fría). Y es que, como apunta el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, «el virus no tiene color ni ideología, cuantas más herramientas tengamos para luchar contra él, mejor».

No obstante, ha habido importantes ‘peros’ a este texto legal. Tanto Ciudadanos como el PP han votado en contra de las dos disposiciones adicionales «que ha colado el PSOE» a última hora, vía enmiendas y sin contar con la formación naranja, coautora junto con los socialistas del anteproyecto de ley presentado a las Cortes.

Dos puntos ‘extra’ dentro del articulado de esta ley que tienen que ver con la creación de un registro para el seguimiento y vigilancia epidemiológica de la Covid-19 (enfocado a priori a los clientes de la hostelería y el ocio nocturno) y con el establecimiento un régimen sancionador para quienes incumplan las medidas de confinamiento.

Como se advierte desde la formación naranja, estas enmiendas «exceden» el ámbito de una ley que busca crear una reserva estratégica de material sanitario. Es más, «estas dos enmiendas del PSOE son una ley diferente, fruto del rodillo socialista, que no ha buscado un equilibrio entre la necesidad de salvar vidas y la necesidad de salvar empleos», según denuncia el diputado David Muñoz.

Además, desde Ciudadanos se critica que este registro covid, tal y como ha quedado plasmado en la ley, criminaliza al sector hostelero, uno de los más afectados por esta crisis sanitaria. Su propuesta de «atemperar» este registro, eliminando la obligación de incluir el DNI, no ha sido finalmente recogida, pese a los intentos de negociación.

Desde el PSOE se justifica la inclusión de estas disposiciones adicionales en la necesidad de sacar cuanto antes estas medidas (el registro de usuarios de establecimientos de ocio fue anunciado en agosto). Dado que en Castilla-La Mancha no existe la posibilidad de aprobar Decretos Ley, que agilizarían este tipo de decisiones, esta es para los socialistas la vía más rápida para que puedan ver la luz.

El PP también se ha votado que «no» a los ‘extras’ incluidos por el PSOE en esta ley. Y es que, a juicio de los populares, este registro es un intento de «convertir en rastreadores a los hosteleros».

Los populares tampoco han conseguido sacar adelante las enmiendas que traían vivas al pleno y que finalmente han retirado para facilitar su abstención. Entre ellas, destacaba sobre el resto su reticencia a la creación de una corporación púbica para gestionar esta reserva sanitaria. Un nuevo organismo innecesario, que «huele a chiringuito que tira para atrás", en palabras el popular Juan Antonio Moreno Moya.

Tampoco ha conseguido convencer el PP de la necesidad de incluir a los centros educativos en esta reserva. Como ya le replicó Ciudadanos en la comisión que debatió estas enmiendas, «a más pandemia, menos centros educativos abiertos», por lo que no sería necesario que estos contaran con este stock de material de emergencia.

Con todo, esta es la segunda ley que sale del pacto por la recuperación económica firmado por la Junta, PSOE y Ciudadanos y cuya culminación debería ser unos presupuestos consensuados para 2021. Se verá.