Albacete no es un territorio que se asocie al fenómeno de la inmigración irregular como algunas otras provincias españolas, pero también los cuerpos policiales se encuentran a veces en la situación de actuar ante personas que no tienen su documentación en regla o permanecen en el país de manera no autorizada. También a veces menores de edad, un tema que implica aplicar una normativa distinta y que no siempre es fácil de discernir. Es en esos casos dudosos cuando no se tiene clara la edad del inmigrante en cuestión en los que actúa la Fiscalía y los profesionales médicos que determinan si el afectado ha podido cumplir o no los años que marcan la edad adulta, aunque los números dicen que no es un trabajo fácil: en la provincia, y en 2018, en la mayoría de los casos la actuación de los médicos no pudo aclarar si el inmigrante era menor de edad o un adulto.
Los datos figuran en la página web de la Fiscalía General del Estado, y permiten ver que en el año pasado se evaluó la edad de 64 extranjeros en la provincia. En 39 casos se archivo el expediente sin posibilidad de que médicos y Fiscalía determinaran la edad del inmigrante. En 21 casos se estableció que se trataba de menores de edad, y en cuatro casos la exploración médica determinó que se trataba de adultos, y no de menores.
Pablo González Mirasol es en Albacete el fiscal delegado de Extranjería, y comentaba con La Tribuna este tipo de actuaciones de la Fiscalía Provincial: «Es un tema donde somos requeridos normalmente por Policía o Guardia Civil, son investigaciones donde aparece un menor no acompañado, cuando existen dudas sobre si es menor o adulto, porque si es mayor queda sujeto a la jurisdicción que proceda o al Régimen general de Extranjería, y si se concluye que es menor de edad queda sujeto a la ley del Menor, y queda sujeto a la administración pública protectora, que lo tutela». El procedimiento supone seguir las indicaciones de los médicos que hacen la exploración del extranjero, y el fiscal delegado en Albacete explicaba que «en caso de duda, cuando no está claro, se opta por considerarlo menor de edad, porque es lo más beneficioso; en otros casos no se puede establecer por los médicos y esa investigación se archiva».
Pablo González indicó que la estadística no apunta a que haya un mayor o menor número de casos en este tipo de investigaciones: «No vemos que haya una racha ni tendencia de ningún tipo». Se trata además de procedimientos que se hacen en poco tiempo, «para canalizar el tratamiento que tenga que recibir el menor». Son expedientes donde no interviene un juzgado, sino directamente el fiscal requerido a veces por la Administración, pero normalmente por la policía.
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