El pleno de las Cortes no ha logrado sacar adelante este jueves un acuerdo en torno a la actual negociación para la reforma de la Política Agraria Común (PAC), tal y como pretendía tanto el PSOE como el Gobierno regional. El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, así lo ha reiterado en varias ocasiones, insistiendo en ver puntos en común entre su discurso y el de los grupos de la oposición. Coincidencias que girarían en torno a la futura figura del ‘agricultor genuino’, así como en la idea de una convergencia real de cara a 2023.
A grandes rasgos, la hoja de ruta que defiende el consejero pasa por la defensa del ya citado agricultor genuino, que obtiene el 20% de sus ingresos del campo, frente al actual ‘agricultor preferente’, la desaparición de los derechos de pago, un techo por explotación que derive en una ayuda redistributiva y la priorización de las mujeres, para que reciban más fondos del primer pilar de esta política.
Medidas que trasladará la semana que viene en una reunión bilateral al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Y es que, como ha explicado el consejero, esta región se juega mucho en esta negociación. No en vano el campo supone el 20% del PIB autonómico, “el porcentaje más amplío de España”.
Desde el PP, el diputado Emilio Bravo ha puesto varios ‘peros’ al discurso del Gobierno regional. En concreto, ha pedido que se frente “el proceso de convergencia en 2022 y a partir del 2023 se alcance una convergencia total a nivel nacional y no la que se está aplicando solamente en Castilla-La Mancha y que está perjudicando a la mayoría de agricultores y ganaderos”.
Además, según ha denunciado, “se acepta perder de entrada 5.000 millones de euros para nuestros agricultores y ganaderos”.
Por otro lado, “Hablan de ayudas medioambientales o pago verde y nosotros estamos de acuerdo, siempre que sea para obtener mayor rentabilidad en las explotaciones, no para poner limitaciones, no entenderíamos que se sacrifique la actividad agraria y ganadera por mera ideología, sin proponer alternativas”.
Este debate también ha servido de puesta de largo de la nueva diputada ‘naranja’ por Ciudad Real, Elena Jaime, tras la renuncia de Úrsula López. En su intervención ha advertido de la problemática del medio rural “que necesita algo más que la PAC para asentar a la población”. A su juicio, “durante décadas se ha estado abocando a la población rural de la región al borde del precipicio”.
Además, ha insistido en la necesidad de equipar las ayudas. Como dato, ha señalado que un agricultor medio del la región cobra de la PAC unos 3.000 euros al año, frente a los algo más de 4.000 de la media nacional.