En el pueblo de Fuentenava de Jábaga, en Cuenca, se ha vuelto abrir una escuela. En la localidad hay alrededor de 200 habitantes y al colegio van diez niños. Para que las aulas estén abiertas hacen falta cinco maestros, lo que da una ratio de un docente por cada dos niños. En otro pueblo de Cuenca, en Campillo de Altobuey se ha puesto la primera piedra para un centro de salud. Dará servicio a 2.000 tarjetas sanitarias y se necesitarán cuatro profesionales sanitarios..
Son solo dos ejemplos de lo que supone llevar servicios como Educación o Sanidad a las zonas menos pobladas de la región. Y eso tiene su coste. «El coste es infinitamente superior a lo que supone prestarlo en cualquier ciudad», expone el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro.
Esta mañana en Toledo se reunieron los responsables de todas las comunidades autónomas en materia de despoblación y el secretario general para el Reto Demográfico en España, Francesc Boya. Desde la Junta pusieron sobre la mesa la cuestión del sistema de financiación autonómica. «En Castilla-La Mancha el planteamiento que hacemos es meridianamente claro», recalcó Guijarro, «el sistema de financiación autonómica tiene que financiar el coste efectivo de prestación grandes servicios públicos en condiciones de igualdad».
Precisamente en estos momentos la reforma del sistema de financiación autonómica ha vuelto a la agenda política. El Gobierno regional espera que el Gobierno de España aborde ya el debate en el próximo trimestre. «Nos gustaría que antes de que terminara este año», reconoció Guijarro, que apunta que es un compromiso que lanzó el presidente Pedro Sánchez. «La financiación de las comunidades autónomas no aguanta más», reclama.
Para meter presión, Castilla-La Mancha está colaborando con otras comunidades autónomas que comparten necesidades de financiación. Guijarro recordó que este mes de octubre habrá una reunión en Santiago de Compostela entre los presidentes de Galicia, Aragón o Asturias. «Es un problema común, tenemos un déficit», subrayó Guijarro.
La forma de solucionarlo pasaría por cuadrar el sistema de financiación autonómica para que se haga según el coste efectivo de los servicios públicos, insistiendo en que sale mucho más caro llevar estos servicios a pueblos pequeños que están dispersos por el territorio. «Si no hay un sistema que garantice la prestación de los servicios esenciales, es muy difícil avanzar en materia de lucha contra la despoblación», advierte.