La consejera de Bienestar Social de la Junta de Comunidades, Bárbara García Torijano, considera que «más que hablar de fallos» en las residencias de mayores durante la pandemia de la Covid-19, sobre todo en la primera ola, cree que es «justo reconocer el buen trabajo» que se ha hecho por parte de los trabajadores y los equipos directivos.

En una entrevista concedida a la Agencia Efe dos meses después de su llegada a la Consejería, García Torijano aborda las situaciones que se han vivido en las residencias de mayores de Castilla-La Mancha durante la pandemia, donde han fallecido oficialmente 2.045 personas de Covid-19.

«En líneas generales no podemos hablar de fallos, sino de la situación real que mostró la Covid, porque la pandemia ha atacado principalmente a los más vulnerables y los más vulnerables son los mayores y muchos de ellos están en residencias», afirma García Torijano, que considera que es «justo reconocer el buen trabajo que se ha hecho cuando llegó la pandemia y el esfuerzo por parte de todos los profesionales de intentar contener un virus que hasta en nuestras propias casas nos ha siso difícil contener para que no entrase».

Con todo, admite que «de todo hay que aprender» y señala que a raíz de la pandemia «se han cambiado muchos modelos», si bien incide en que «los profesionales durante esta pandemia, en este año tan duro han dejado a un lado su vida personal, incluso su salud para dedicarse a proteger a los mayores, a las familias y eso hay que ponerlo en valor».

Así, apuesta por «mirar para adelante, no seguir mirando hacia atrás» y afirma que ya se ha reunido con algunos sindicatos que solicitaron abordar las situaciones que se han vivido en las residencias y que la próxima semana mantendrá más reuniones.

La pandemia también genera pobreza. La consejera de Bienestar Social también advierte de que la crisis sanitaria ha causado una crisis financiera que ha motivado que familias que hasta el momento no necesitaban ayudas públicas hayan tenido que solicitarlas.

En este sentido, destaca que desde que comenzó la pandemia, la Consejería de Bienestar Social ha destinado 70 millones de euros a combatir las necesidades sociales derivadas de la Covid-19, entre los que se encuentran los 15 millones de euros que se habilitaron en una ayuda extraordinaria, que sobre todo han sido gestionados por los servicios sociales municipales, porque las han solicitado «familias que en muchos casos no estaban acostumbradas a acudir» a estos servicios.

«La crisis les ha encaminado a una situación económica complicada en sus casas, una situación de vulnerabilidad en la que no se habían encontrado antes», lamenta la consejera.

En esta línea, informa de que en Castilla-La Mancha 9.500 personas reciben el Ingreso Mínimo Vital y otras 1.200, el Ingreso Mínimo de Solidaridad, una prestación que «se sigue dando a todos los que la tenían hasta el momento», si bien señala que los nuevos solicitantes se derivan el Ingreso Mínimo Vital, «una prestación más continuada en el tiempo, que tiene más garantías y que no depende de la comunidad autónoma donde vivas, sino que es una prestación del Estado que es la que se debe recibir».