La diputada autonómica de Ciudadanos, Elena Jaime, denunció ayer que el Gobierno socialistapretende perpetrar la imposición de un nuevo impuesto para todos los habitantes de Castilla-La Mancha, "el mal llamado canon del agua".
Dicho impuesto, avisa Jaime, va a suponer una nueva losa, una nueva traba para emprender, para contratar, para ahorrar, para vivir con normalidad, "este impuesto es otra representación más de la ruina socialista a la que nos tienen acostumbrados y decepcionados cada vez que gobierna la izquierda". Añadió "que hará que Castilla-La Mancha pierda competitividad en el mercado y empobrezca a sus ciudadanos que ya pagan bastantes impuestos".
Jaime criticó duramente que, precisamente, hace unos meses, el consejero de Agricultura, justo antes de entrar en una reunión de la Mesa del Agua, dijera literalmente "el agua será reconocida en la Ley de Aguas como un derecho humano y un bien público", frase que Jaime ha calificado de ficticia puesto que, parece ser, "que para el Gobierno de Castilla-La Mancha, los derechos humanos hay que pagarlos y además previo impuestazo".
La diputada anunció que desde Ciudadanos se van a oponer "frontalmente a este impuesto disfrazado de falso canon, porque son políticas económicas ruinosas que los castellanomanchegos no se merecen, con más presión fiscal, más palos al bolsillo, son políticas decepcionantes". Precisa que Castilla-La Mancha sí necesita una Ley de Aguas que dé forma y respuesta a muchas cuestiones sobre la materia que aún hoy no están reguladas, "pero Ciudadanos no va a tragar con una Ley que sirva para dañar aún más la economía de los castellano-manchegos y para que nuestras empresas y comercios pierdan competitividad. Para este tipo de políticas fracasadas siempre nos tendrán enfrente".
Jaime recuerda que los castellano-manchegos ya pagan dos impuestos en la factura del agua, dos cánones, "el canon de aducción, para que el agua llegue a nuestras casas y el canon de depuración, para que esa agua salga limpia". Añade que ahora con la futura Ley del Agua, el Gobierno regional quiere imponer a los castellano-manchegos uno más, "el mal llamado canon medioambiental" que no es un canon, "es un nuevo impuesto que va a gravar aún más el uso del agua y su consumo y que no sólo va a afectar a la economía de los hogares, va a afectar al tejido industrial, empresarial y va a lastrar profundamente nuestra economía".