La obligatoriedad de contabilizar la jornada real de los asalariados para evitar fraudes y atajar el empleo no remunerado ya es una realidad desde ayer para todas las empresas, tras un plazo de dos meses en los que se acordó su aplicación con los representantes de los trabajadores. No obstante, esta novedad ha entrado en vigor rodeada de incertidumbre, siendo en las pequeñas y medianas (pymes) en las que más dificultades plantea.

Así lo explica la directora de Relaciones Laborales de la CEOE, Rosa Santos, quien asegura que las grandes y algunas medianas compañías (más de 100 trabajadores) ya tienen el sistema implantado, mientras que el resto acumula dudas sobre cuál es la fórmula que más les conviene según sus condiciones particulares.

Y es que, ahora la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comenzará a comprobar si las firmas cuentan con un registro de jornada para confirmar que las horas realmente trabajadas se corresponden con las que están contratadas y evitar así el fraude en el empleo parcial y asegurar que las horas extra son cobradas. Para ello, en el cómputo debe constar la hora de entrada y de salida del puesto de trabajo de cada asalariado de forma diaria, no siendo válida una contabilización de las horas extra a fin de mes.

El problema aquí reside en cómo cotejar si los horarios reflejados son los realmente trabajados, advierte el secretario general de CCOO, Unai Sordo, si bien la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ha asegurado en los últimos días que es la Inspección de Trabajo, cuando requiera el registro de jornada, quien debe asegurar que es un instrumento fiable.

Para la patronal es importante tener en cuenta las casuísticas de cada empresa, con el objetivo de encontrar el mejor modelo, buscando un equilibrio entre la protección de los empleados y la flexibilidad y conciliación, una aplicación cuyo impacto «no es tanto económico sino instrumental».