Erdogan declara persona no grata a 10 embajadores extranjeros

EFE
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Los emisarios de Alemania, Dinamarca, Francia, Finlandia, Países Bajos, Suecia, Noruega, Nueva Zelanda, Canadá y EEUU apoyan la liberación del activista de derechos humanos Osman Kavala, acusado de espionaje y de intentar tumbar el Gobierno turco

Fotografía de archivo del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. - Foto: EFE/EPA/ERDEM SAHIN

Turquía declarará persona no grata a diez embajadores, siete de ellos europeos, que el lunes pasado firmaron un manifiesto conjunto para pedir la liberación de Osman Kavala, un empresario y activista de derechos humanos que lleva 4 años en prisión preventiva.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció a media tarde de este sábado que había ordenado al Ministerio de Exteriores tomar medidas para declarar a los diez firmantes "personas no deseadas".

"Le he dado las instrucciones necesarias a nuestro ministro de Exteriores; le he dicho que resuelva cuanto antes declarar a estos diez embajadores personas no gratas", dijo Erdogan durante un discurso en la ciudad de Eskisehir.

El lunes pasado, los embajadores de Alemania, Dinamarca, Francia, Finlandia, Países Bajos, Suecia, Noruega, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos emitieron un comunicado conjunto con motivo del cuarto aniversario del encarcelamiento de Osman Kavala, un empresario turco y activista de derechos humanos.

 

Cuatro años de cárcel

Kavala fue detenido en octubre de 2017, acusado de ser el "instigador y líder" de las masivas protestas populares de 2013 en el parque Gezi de Estambul, una manifestación ecologista que se transformó rápidamente en una denuncia laicista del creciente autoritarismo del Gobierno islamista turco.

Tras ser absuelto, Kavala fue acusado de espionaje y de vínculos con el fallido golpe de Estado de 2016, atribuido a la cofradía islamista de Fethullah Gülen, mientras que el primer caso, tras anularse la sentencia absolutoria, fue fusionado con el de un grupo de hinchas de fútbol activos en Gezi.

"Los retrasos continuos en el juicio, incluida la fusión de diferentes casos y la creación de otros tras una absolución, arrojan una sombra sobre el respeto a la democracia, el Estado de derecho y la transparencia del sistema judicial turco", rezaba el breve comunicado de los diez embajadores.

Los firmantes "creen que una resolución justa y rápida de este caso debe ajustarse a las obligaciones internacionales de Turquía y sus leyes nacionales", agregaba el texto, pidiendo "la urgente puesta en libertad" de Kavala, acorde a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

 

"Falta de educación"

Al día siguiente, el Ministerio de Exteriores turco convocó a los diez embajadores para reprocharles la iniciativa, que tildaba de "contraria a las prácticas diplomáticas", asegurando que trata de "politizar" un proceso judicial.

"Diez embajadores van al Ministerio de Exteriores (por Kavala). ¡Qué falta de educación! Aquí estamos en la noble Turquía, y nadie puede dar instrucciones", criticó Erdogan hoy el comunicado de los legados.

"Ellos se enterarán de qué es Turquía, lo sabrán, lo comprenderán. Quienes no conocen ni entienden Turquía se irán", agregó el mandatario.

Ya el jueves, Erdogan había criticado duramente la declaración de los embajadores, apuntando que Turquía "no se puede permitir el lujo de agasajar" a diplomáticos que tomaran este tipo de iniciativas.

Insistió entonces en la "independencia" de la Judicatura turca, aunque él mismo había criticado la absolución de Kavala, en febrero del año pasado, como "maniobra judicial".

 

Vínculos con Soros

Erdogan ha insistido varias veces en el vínculo entre el multimillonario norteamericano George Soros y Osman Kavala, hasta 2018 miembro de la fundación Open Society en Turquía, una entidad financiada por Soros.

El jueves, el presidente llamó a Kavala "una basura de Soros" y comparó su encarcelamiento con el de "ladrones, asesinos y terroristas".

Ayer, un comunicado de Open Society calificó estas declaraciones de Erdogan de "ataque al sistema supuestamente independiente de Turquía" y subrayó que hasta su cierre en 2018, la fundación había operado legalmente en Turquía para facilitar el acceso del país a la UE, con auditorías regulares de las autoridades turcas.