Los transportistas pondrán una denuncia al Gobierno

Redacción
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Los representantes de Atralba y Transportave criticaron al Ejecutivo y a la Generalitat por permitir que sus vehículos permanecieran «secuestrados» en la frontera con Francia por los independentistas radicales

Miembros de la Gendarmería francesa, en el conflicto de manifestantes que ha obstaculizado la AP-8. - Foto: JUAN HERRERO (EFE)

Los camioneros de la provincia de Albacete denunciarán tanto al Gobierno de España, como a la Generalitat por omisión de funciones en los cortes de carretera realizados en Cataluña por los independentistas más radicales.
Así lo corroboraban ayer a La Tribuna de Albacete los presidentes de la Asociación de Transporte de Mercancías de Albacete (Atralba) y  la Asociación de Transporte Transportave, Enrique Jiménez y José Manuel Peña, respectivamente. Sin embargo, los primeros lo harán a través de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CTEM) y los segundos a través de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer).
Muchos perjuicios. Desde las dos asociaciones albacetenses recuerdan que desde que el 14 de octubre se hiciera pública la sentencia del Tribunal Supremo contra determinados dirigentes catalanes por el proceso independentista, las principales carreteras catalanas se han visto afectadas por numerosos bloqueos, que han ocasionado «gravísimos perjuicios» a los transportistas albacetenses. 
Unos perjuicios que creen que no sólo están provocados por los independentistas radicales, sino también por la inactividad del Gobierno de España y el de la Generalitat, como explica el responsable de Atralba, Enrique Jiménez. «Vivimos con resignación porque es incompresible que nos puedan mantener secuestrados durante 48 horas en la entrada de una autopista».
Algo con lo que está de acuerdo José Manuel Peña de Transportave. «Obviamente estamos descontentos con el Gobierno de España y con la Generalitat porque esto ha supuesto un quebranto importante, no sólo porque hemos tenido los vehículos parados, sino porque el cliente quiere un servicio que no hemos podido dar. No entendemos que se permita que el tráfico esté cortado más de 30 horas, no sólo por nuestras mercancías, sino por las personas que estaban allí, en turismos, sin los servicios mínimos».
En este sentido, añadía que todo el mundo tenía derecho a protestar, pero no de esa manera, «esto es algo inadmisible en un Estado de derecho, no sólo por lo que ha pasado, sino por como ha pasado, por la permisividad que ha habido».

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