El Consistorio pagó a sus proveedores fuera del plazo legal

N.G.
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El Ayuntamiento de la capital superó en seis días el periodo establecido por el Ministerio de Hacienda en el tercer trimestre de 2019

Entrada principal del Ayuntamiento de la capital albacetense. - Foto: Rubén Serrallé

El Ayuntamiento de Albacete cerró el tercer trimestre del presente año con un periodo de pago a proveedores que sumaba 36,04 días, lo que provocó que la Administración Local superara en seis días el plazo legal interpuesto por el Ministerio de Hacienda. Una situación que se vuelve a repetir, como ya ocurrió en el cierre de 2017 y 2018, cuando el Consistorio pagó sus facturas en 32 y 36,83 días, respectivamente, así como en el tercer de trimestre de 2018, cuando también superó el mes establecido por Ley. 
El informe de morosidad correspondiente al tercer trimestre del año, que se vio en la Comisión informativa de Economía y Hacienda, reseña que el Consistorio realizó 738 pagos por valor de 11,8 millones de euros dentro del periodo legal de pago, mientras que hizo frente a 160 facturas de proveedores fuera del plazo establecido por ley, por valor de 1,1 millones de euros.
Otro dato que refleja el informe de morosidad del tercer trimestre de 2019 tiene que ver con las facturas pendientes a 30 de septiembre. Se contabilizaron un total de 422 facturas siendo el periodo medio del pendiente de pago de 29,45 días y el importe de 2,6 millones de euros, mientras que fuera del periodo legal de pago quedaron 204.958 euros. 
Tal y como preveía el Ayuntamiento capitalino en el anterior informe de morosidad, el correspondiente al segundo trimestre del año, la Administración Local no ha podido cumplir con el periodo establecido por el Ministerio de Economía de julio a septiembre y ha superado el plazo en seis días.
Una desviación que esperan corregir en los próximos meses, teniendo en cuenta que desde el equipo de Gobierno Municipal, tal y como ha defendido la concejal de Economía, María José López, en otras ocasiones, desde el Ayuntamiento trabajan para respetar el plazo legal de pago a proveedores  que establece la Ley y se sitúa en 30 días.

 

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