El Grupo Parlamentario Ciudadanos aconsejó al Ejecutivo autonómico que siga las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre sostenibilidad financiera y aseguró que reclamará en las Cortes autonómicas «una mayor responsabilidad en el gasto».
En rueda de prensa, el diputado por la formación naranja David Muñoz se hizo eco del último informe de la AIReF que señala que Castilla-La Mancha tiene riesgo «muy alto» para la sostenibilidad de su deuda pública.
Muñoz consideró que este informe supone «otro sablazo» a las expectativas del presidente regional, Emiliano García-Page, y añadió que este organismo es su «gran pesadilla» y que, cada vez que habla, en el Consejo de Gobierno «tiemblan» porque «siempre saca la foto real a esa foto imaginada que venden en ruedas de prensa».
En este punto, recordó que, según la AIReF, se necesitan cien días de trabajo para pagar la deuda pública castellano-manchega que, como apuntó, «se disparó durante la etapa de gobierno del Partido Popular y se quedó con el PSOE».
Además, aconsejó al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, y al presidente del Ejecutivo autonómico que sigan las recomendaciones de este organismo, que ve «improbable» que se cumpla el objetivo de sostenibilidad.
En su opinión, la sostenibilidad económica de una comunidad autónoma debe ser estructural y no coyuntural, ni depender de la Unión Europea», explicó el parlamentario.
LOS 50 MILLONES DE LOS PLANES DE EMPLEO, A EMPRESAS. De otro lado, Muñoz criticó que este pasado jueves la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, intentara «tapar» los datos del paro con el anuncio de la puesta en marcha de un nuevo plan de empleo.
El diputado regional de Ciudadanos destacó que esos planes de empleo necesitan dar «un giro de 180 grados» y no estar dirigidos solo a los ayuntamientos, sino a empresas, además de introducir «de manera urgente» orientación profesional y formación para el empleo.
Por ello, pidió que se revisen esos más de 50 millones de euros previstos para invertir en dicho plan y dedicarlos a «políticas activas de empleo», de manera que las personas que son contratadas durante seis meses, no terminen este periodo de trabajo con la misma cualificación profesional y situación de empleabilidad con la que comenzaron.