El Proyecto de Ley del tercer sector social de Castilla-La Mancha ha pasado el trámite de la Comisión de Bienestar Social y está listo, por tanto, para su debate en pleno cuando lo estime oportuno la Mesa del Parlamento autonómico. Todo ello después de que los grupos parlamentarios debatieran las 24 enmiendas presentadas al texto elaborado por el Gobierno regional (14 registradas por el Partido Popular y 10 por Ciudadanos). 

La mayoría socialista rechazó, tras varias horas de negociación y un largo receso para transar algunas enmiendas, 12 modificaciones al texto -siete del PP y cinco de Cs- y aprobó por unanimidad 10 enmiendas, de las cuales ocho fueron acordadas a propuesta del PSOE (tres de la formación naranja y cinco de los ‘populares’). Por otra parte, PP y Ciudadanos decidieron retirar una enmienda cada uno.

Con las modificaciones planteadas por la oposición, la Ley del Tercer Sector incluirá la soledad no deseada y el fomento del empleo femenino, a petición de Cs, así como la pobreza, además de la exclusión social y la vulnerabilidad, como situaciones en las que intervienen los colectivos del tercer sector.

El portavoz socialista, Pablo Camacho, opinó que «entre todos» se ha conseguido mejorar el dictamen, que ya fue aprobado, y que él mismo defenderá en el pleno, posiblemente este mes de enero. 

Por tanto, desde el Grupo Socialista están convencidos de que esta es una ley «positiva», que esperan que salga por unanimidad. «Por nuestra parte no va a ser», sentenció Camacho, quien recordó a la oposición el espíritu negociador de su grupo tras transar algunas enmiendas.

En concreto, se incluyeron los derechos culturales dentro de la intervención social que realizan las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de Castilla-La Mancha. También se incorporó al texto la orientación y la condición sexual dentro de las actuaciones contra la desigualdad social en la que intervienen las entidades del tercer sector.

Críticas de la oposición. De su lado, el diputado del Partido Popular Vicente Aroca lamentó que la normativa carezca de fondos y avisó al PSOE de que puede decepcionar a los colectivos del tercer sector. Por su parte, el presidente del Grupo Popular y líder del partido en la región, Paco Núñez, explicó en una rueda de prensa previa que su formación ha tomado esta ley «con mucha responsabilidad», pero con la convicción firme de que es «fundamental» dotar de seguridad jurídica a estos colectivos.

Durante el debate, la portavoz de Cs, Úrsula López, señaló que su grupo parlamentario está de acuerdo en la importancia que tiene esta ley para la región, pero indicó que el proyecto define «de forma muy ambigua» algunos conceptos como el del propio tercer sector social.

Para Cs, el texto es «demasiado generalista» y con un contenido programático que crea «inseguridades jurídicas» por la «falta de claridad» de algunos conceptos, pero sobre todo López hizo hincapié en que no recoge fondos para su ejecución, sino que se limita en sus objetivos a pretender fomentar, difundir, promover e impulsar a las entidades del sector.

Además, López lamentó que el PSOE no quiera incluir una contrapartida, ya sea formativa o académica, para los voluntarios de manera que así les sea reconocido el esfuerzo que realizan en este ámbito. En este punto, Camacho explicó que la propia normativa que regula el voluntariado impide que éstos reciban contrapartidas, sea cual sea la naturaleza de las mismas. 

COMPROMISO ELECTORAL DE PAGE. El propio Camacho destacó que esta ley es un compromiso electoral del presidente Emiliano García-Page y aseguró que el «empeño» de los socialistas es aprobarla por unanimidad y que, por ese motivo, propuso una serie de enmiendas transaccionales para poder llegar a acuerdos.

Explicó que en lo que se refiere a la dotación económica que pidieron tanto Cs como PP, esta ley «trata de proteger al tercer sector, no de financiarlo», y por ello justificó que el PSOE rechazase dichas enmiendas. «Es una ley que no es competente en financiación, sino que servirá para egular y fortalecer al tercer sector. Para financiar a las entidades sociales están los conciertos y los presupuestos regionales», avisó.