El abogado Miguel Pérez Arroyo, detenido el día 7 de septiembre en Lima por la Interpol por orden del Juzgado de lo Penal Número 1 de Albacete, fue puesto en libertad.

La detención del exabogado de Alberto Fujimori fue consecuencia de una alerta roja emitida por la Interpol en su contra por presunta falsedad de documento oficial y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, a raíz de que él facilitó la entrada de peruanos a España presuntamente para pedir permisos de residencia.

En su perfil en redes sociales, el propio letrado indicó que su detención le sirvió para “verificar lo que ya había dicho: que todos los temas estaban más que prescritos”.

En este sentido, agregó que “ahora se deben cruzar los documentos que entregué”, más de 600 folios, “y asunto más que cerrado”. “Lo extraño y malicioso de este tema es que aparece una resolución inexistente y que además se quiera presentar estos hechos como ocurridos el año 2008, cuando este año, como el 2007 y 2006, estuve permanentemente en Perú, ocupando cargos privados y públicos, eventuales en Instituciones de reconocido prestigio nacional”.

También comentó que “más extraño que la hoja que motivó estos hechos por todos conocidos, no detalla sino apenas unas líneas sin decir como y cuando habrían ocurrido estos hechos más que una vaga referencia al año 2008 y lo que es peor, consignando en dicho año -2008-, un pasaporte que tuve hasta el año 2003”.

A este respecto, el propio Perez Arroyo relata que esta circunstancia, la del pasaporte, le fue advertida a las autoridades públicas, que “han entendido meridianamente la justicia de mi causa”.

El Ministerio Público está solicitando a España toda la documentación del expediente, “puesto que como repito, no anexaron a la nota roja mas que solo dos páginas de escueto contenido. Este vacío normativo debe ser corregido por nuestras autoridades puesto que no es correcto, justo ni proporcional que nosotros hagamos caso pie juntillas a tremendos errores o abusos de autoridades de otros países que solicitan lo que les de la gana y tengamos que subyugarnos a dichos pedidos”, indicó el abogado.

“Este error, sin embargo, este abuso, alguien la tiene que pagar y lo hará incluso con su destitución el funcionario español o peruano” que “falseó intencionadamente o de modo negligente los hechos y las fechas para procurar una reacción tan desproporcionada e incorrecta como la que viví ayer”, en referencia a la jornada de su detención.