La estación de Chinchilla, en la Lista Roja del Patrimonio

A.G/Redacción
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Hispania Nostra alerta del «estado de completo abandono» del complejo, propiedad de ADIF y en el que el Ayuntamiento no puede actuar al tratarse de zona de afección del ferrocarril

Imagen de archivo de la degradación de la estación ferroviaria de Chinchilla de Montearagón. - Foto: Rubén Serrallé

La asociación Hispania Nostra informó de la reciente inclusión de la estación de ferrocarril de Chinchilla en su Lista Roja del Patrimonio, con la que la entidad pretende «dar a conocer y proteger aquella parte de nuestro patrimonio cultural y natural que se encuentra en abandono y en peligro».
La asociación asegura que el motivo de la inclusión es el «riesgo avanzado de derrumbe en la mayor parte del complejo», destacando el «estado de completo abandono» tanto del edificio principal como de buena parte de los colindantes, que conformaron un importante nudo de comunicaciones en el siglo pasado. 
 «Se trata de un complejo ferroviario originariamente perteneciente a la empresa MZA y del cual se conserva un muelle de carga, taller, antiguas viviendas de empleados de Renfe y el edificio principal, la estación, de ladrillo rojo y piedra, hoy enfoscado, la cual incluía una fonda», indican desde Hispania Nostra. Esa estación, situada a tres kilómetros del núcleo urbano principal, fue una destacada parada y fonda del ferrocarril hacia Alicante, originando la creación de una barriada con 500 habitantes, principalmente trabajadores ferroviarios y sus familias. 
Esa pedanía tiene ahora una población de 157 habitantes, descenso asociado a la decadencia de la estación, que comenzó a perder relevancia con la apertura de la Albacete en 1967. La implantación de las líneas de alta velocidad llevó a su clausura en 2002, aunque los trenes de mercancías vuelven a pasar por esa vía desde 2011.
José Ignacio Díaz, segundo teniente de alcalde de Chinchilla y concejal delegado de Patrimonio, explicó a La Tribuna que tanto la estación como los terrenos colindantes son propiedad de la empresa pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que «decidió hacer un edificio nuevo» al reabrirse la vía al tráfico, en vez de restaurar el antiguo, construido en 1926. Precisamente la condición de zona «de afección del ferrocarril» complica un acuerdo para realizar cualquier obra en el complejo e incluso el Consistorio tendrá que «desprogramar una unidad de actuación urbanizadora» prevista  en la pedanía, al tener terrenos incluidos en ese área de protección. 

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