La Policía pide examinar la "criminalidad" de Infancia Libre

Europa Press
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Tras cuatro madres detenidas, el Cuerpo apunta a que la organización funciona como una red ilícita que tramita denuncias falsas contra los padres en complicidad con un psiquiatra y una abogada

La Policía pide examinar la "criminalidad" de Infancia Libre

La Unidad Adscrita de la Policía Nacional en los Juzgados de Plaza Castilla, Madrid, ha remitido a la Fiscalía un informe que apunta a que Infancia Libre, la organización que se dedicaba supuestamente a la protección de los niños, operaba como una organización criminal. 
Desde el 1 de abril han sido detenidas María Sevilla, presidenta de Infancia Libre, y otras tres mujeres vinculadas a esta organización. Fue ella la que en 2017 participó en una comisión en el Congreso de los Diputados invitada por Podemos donde denunció varios casos de abusos sexuales de los "más de 170" que, según decía, habían sido contabilizados por esta organización. 
La Fiscalía no ha decidido aún si abrirá diligencias de investigación agrupando los cuatro casos dentro de un único procedimiento, incluyendo otras denuncias de afectados. Según precisan fuentes jurídicas, el Ministerio Público aún tiene que estudiar el informe policial. 
Este informe, según ha adelantado la Cadena Ser, consta de unas 200 páginas y fue entregado el pasado 23 de julio en la Fiscalía Provincial de Madrid. Los investigadores de la Policía apuntan a que la asociación actuaba como una red criminal para tramitar denunciar falsas al objeto de perjudicar a los padres retirando la custodia de los menores. Para ello, las madres denunciantes fundadoras de Infancia Libre o vinculadas a esta organización, se apoyaban presuntamente en profesionales de la medicina y la abogacía, que eran los encargados de tramitar denuncias con un mismo patrón. En concreto, se han recabado indicios de que Infancia Libre dirigía a las madres al psiquiatra Antonio Escudero y a la abogada Carmen Simón. Desde Granada actuaban psicólogas en connivencia con la asociación. 
Los agentes de la Policía Judicial han tomado declaración a unos 50 padres desde que el pasado mes de abril fuera detenida por retención de su hijo María Sevilla, presidenta de Infancia Libre. La Policía ha elevado a Fiscalía una veintena de casos por posibles delitos de sustracción de menores y desobediencia judicial vinculados a la asociación.