Las finanzas de Don Juan Carlos llevan años bajo sospecha, si bien en las últimas semanas las informaciones publicadas en prensa española, suiza y británica sobre las investigaciones que se siguen sobre el presunto cobro de comisiones ilegales han terminado por provocar que Felipe VI rompa vínculos con su padre al anunciar que renuncia a la herencia personal que podría percibir de su progenitor y que suspende su asignación anual. Una clara apuesta por la ejemplaridad y la transparencia.

Aunque no fueron las primeras noticias que surgieron sobre la supuesta fortuna del Rey emérito, fue la apertura de la pieza cinco del caso Tándem y del caso Villarejo lo que hizo que se empezaran a investigar judicialmente posibles comisiones ilegales o la existencia de testaferros en torno a la figura del Monarca. 

En esa pieza cinco, conocida como Carol, aparecía reflejada una conversación de Villarejo con el empresario Juan Villalonga y la examiga de Don Juan Carlos Corinna zu Sayn-Wittgenstein en la que ella afirmaba que Don Juan Carlos había cobrado comisiones por la negociación de la adjudicación a una UTE española de las obras del AVE a la Meca.

La Audiencia Nacional no profundizó en esta cuestión debido a la falta de pruebas y a la inviolabilidad de la que gozaba el Rey emérito en el momento de los hechos por ser Jefe del Estado -desde que abdicó, el exMonarca es aforado ante el Tribunal Supremo-. Sin embargo, dio traslado a la Fiscalía Anticorrupción para investigar la adjudicación del AVE a la luz de aquellos audios, pues en la conversación se identificaban posibles mordidas en una información que se complementaba con «otros documentos hallados» durante la instrucción.

El Ministerio Público abrió entonces diligencias secretas, que se encargaron a un fiscal diferente a los titulares del caso Tándem, por la sospecha de presuntos delitos de cohecho y de corrupción en las transacciones comerciales internacionales por parte de las empresas adjudicatarias. Se trata de una fase de investigación previa en la que se dirime si la cuestión debe archivarse o si hay materia como para dar traslado a un juzgado. A día de hoy, las diligencias siguen secretas. 

En paralelo, la Fiscalía suiza también ha venido investigando esas presuntas comisiones ilegales, que habrían sido depositadas en una cuenta de aquel país. En el marco de esas pesquisas, un registro en los despachos del gestor de fondos Arturo Fasana y del abogado Dante Canonica revelaron la existencia de una cuenta en Ginebra vinculada a una fundación panameña desde la que se habrían transferido a una cuenta de Corinna 65 millones de euros.

Este hecho se reveló hace solo dos semanas y la empresaria alemana admitió esa transferencia, pero la enmarca en una donación de Don Juan Carlos en el año 2012 como «regalo no solicitado» para ella y su hijo por el "cariño" que les tenía. Así, la desvincula de las supuestas comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca.

Denuncia de Corinna

Pero este no es el único frente judicial que afecta al Rey emérito, ya que, precisamente, Corinna zu Sayn-Wittgenstein ya ha anunciado su intención de denunciarle ante los tribunales británicos por amenazas y por el acoso que dice sufrir desde 2012, cuando salió a la luz su relación después del viaje que realizaron juntos a Botsuana, para que no revele secretos de Estado que, según ella, le acusan de tener en su poder. Además del exmonarca, dirigirá también su querella contra el que entonces era director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), general Félix Sanz Roldán, de quien asegura que está detrás de la «campaña» en su contra y de amenazarla personalmente en Reino Unido.

Nada más conocerse las últimas noticias sobre las supuestas cuentas y donaciones atribuidas al Rey emérito, tanto Esquerra Republicana como Unidas Podemos y el Grupo Plural registraron sendas peticiones en el Congreso pidiendo la creación de una comisión para que investigase las presuntas irregularidades cometidas por Don Juan Carlos.

No obstante, como en iniciativas similares presentadas en ocasiones anteriores -también por parte de los de Pablo Iglesias-, la Mesa del Congreso, sobre el criterio expresado por los letrados, rechazó el pasado día 10 tramitar ambas peticiones. Una votación en que la se evidenció una nueva división entre los socios de Gobierno, pues mientras los morados apoyaron la tramitación, el PSOE apoyó su inadmisión junto al PP y Vox.

En su informe, los letrados justificaron su rechazo reiterando los antecedentes y la interpretación que el Tribunal Constitucional viene haciendo sobre la posición de la Jefatura del Estado, que, según alegan, el Rey es «inviolable» conforme a lo que establece la Carta Magna.