Con una pandemia aún a la espalda que ha dejado tocados a algunos segmentos en sectores como el ovino, el vacuno o el vino, al margen de la misma hay otros que no levantan cabeza como los cereales, el aceite o la leche, con cotizaciones congeladas. El sector agrario se enfrenta a un nuevo año clave para su futuro en la próxima década.

A los muchos retos o compromisos en política agraria que se pueden encontrar en cualquier programa de cualquier partido en las últimas décadas y que hoy siguen siendo promesas incumplidas, se suman en este momento diferentes disposiciones y actuaciones fundamentalmente encaminadas a diseñar nuevos marcos normativos para lograr un sector viable y competitivo desde el respeto al medio ambiente y para frenar el cambio climático.

Para este nuevo ejercicio, hay dos cuestiones claves que van a constituir los ejes de los debates para definir la política agraria: Ley de la Cadena Alimentaria ligada la rentabilidad en origen y Plan Estratégico con el que definir dónde, a quiénes y para qué se deberán destinar los 47.274 millones previstos para España hasta 2027.

Las viejas demandas del sector sobre la cadena alimentaria se concretaron inicialmente en el BOE en 2014 con Ley de Arias Cañete, que el sector valoró positivamente, pero a la que se echaba en falta no haber abordado el problema de la venta a pérdidas. A medio camino entre esa disposición y la que se halla actualmente en debate parlamentario para trasponer la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales, el Gobierno sacó adelante por trámite de urgencia un real decreto ley en febrero pasado donde la novedad más importante era la obligación de que los precios de venta de un producto en origen y en toda la cadena hasta la distribución contemplara, como mínimo, los precios de coste. Esta fue la respuesta más importante que dio Agricultura a las demandas de los agricultores con los tractores en las carreteras en los primeros meses de 2020.

La disposición está en vigor. No así los resultados en un sector donde en el último años se han seguido haciendo contratos en producciones como leche, uvas, frutas y hortalizas o aceite con publicidad por debajo de los costes de producción.

No es fácil aplicar una disposición como ésta en el sector agrario. No hay dificultad para detectar por parte de la Agencia si en un contrato se cumple la cláusula de los plazos de pago o si es correcto. Pero la tarea es mucho más compleja para detectar si una venta cubre con unos costes de producción que son muy variables en función de cada explotación, de cada agricultor, de la calidad de cada producto, del momento de la venta, todo ello además considerando que se trata en su mayor parte de productos perecederos, con fecha de caducidad, que hay necesidad de vender en un momento determinado y además a unos compradores que tienen una posición de dominio.

Partiendo de todas esas dificultades, 2021 debería ser el año en el que se perfeccionaran esos mecanismos con más precios oficiales de costes de referencia en cada sector y más control desde la Administración para un reto importante cuya aplicación será progresiva.

El segundo eje de la política agraria en 2021 se concreta en la terminación del Plan Estratégico con el que aplicar la futura PAC y, sobre todo, con el que se deberá definir cómo se van a distribuir, o mejor dicho, redistribuir, los más de 47.000 millones asignados hasta 2027 para España. Tras los debates de 2020 y toma de posiciones, los próximos meses serán los definitivos para conocer datos concretos de fondos, quién gana y quién pierde.

Además de esas acciones claves para las rentas de las producciones y los ingresos desde las ayudas comunitarias, para el sector agrario hay otras medidas a las que se deben dar salidas.

Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, ahora toca cumplir algunos de los compromisos asumidos por el Gobierno, en este caso impuestos con los votos en contra de los socialistas, como el desarrollo en el plazo de seis meses de una disposición por la que se contemple la posibilidad de que los regantes puedan hacer un doble contrato con las eléctricas en el término potencia y así evitar el pago de un coste por un servicio del que no hacen uso. Una demanda muy simple, pero que tiene enfrente a las eléctricas y a sus puertas giratorias que dan un sobresueldo como consejeros a docenas de expolíticos. El gobierno quiere hacer un esfuerzo para modernizar regadíos con fondos comunitarios para lograr la máxima eficiencia, lo que choca con su desdén para modificar los contratos de las eléctricas para las tarifas de los riegos y rebajar gastos al agricultor.

En el nuevo año se deberá impulsar la nueva disposición para la venta directa en las explotaciones agrarias, algo que puede ser fácil para una serie de productos como frutas u hortalizas, huevos, etc., pero más complejo en el caso de carnes o de otros productos elaborados ante la necesidad de cumplir las instalaciones con todas las necesarias exigencias en materia de seguridad alimentaria, lo que requiere inversiones que deberían ser prioritarias desde los fondos de desarrollo rural.

En la misma dirección de aplicar nuevas disposiciones se halla la referida a la de la nutrición sostenible de los suelos en un momento en el que desde Bruselas se intensifican las exigencias y los controles para reducir el abonado de las tierras y el uso de fitosanitarios. Los análisis de cada tierra generalizados deberían ser ya la antesala de la nueva política medioambiental para mantener los suelos vivos.

El sector lleva años reclamando un observatorio de los precios de coste de los medios de producción agrarios que complemente los datos ya estudiados sobre los precios de venta de los productos agrarios.

Comenzando la casa por los cimientos, Agricultura anunció para 2021 el inicio de una nueva etapa en la política de asesoramiento de las explotaciones. Nunca es tarde, aunque llega con retraso.

Con la política de regulación de los mercados prácticamente desmantelada por Bruselas, un reto pendiente es la necesaria reorganización de la oferta con un impulso para mejorar las estructuras asociativas, donde han sido insuficientes las medidas adoptadas hasta la fecha como las ayudas para constituir Entidades Asociativas Prioritarias. El cooperativismo sigue siendo las respuesta para un mayor peso del sector agrario ante los mercados, incluso ante la globalización de los mismos, aunque a veces no se lo crean algunos dirigentes cooperativos. En esta línea sería fundamental seguir trabajando para negociar con el sector la ordenación de algunas producciones y poder evitar a medio plazo situaciones muy excedentarias.

En materia de comercio exterior, es fundamental trabajar para que las fronteras no sean un coladero en volumen, precios y sin cumplir unas exigencias medioambientales o de seguridad que se pide a los productores españoles.

Y fuera de la política agraria, otros retos para el mundo rural: difícilmente pueden existir agricultores y sobre todo ganaderos extensivos en el medio si no hay los suficientes y necesarios servicios y apoyos, tanto para los profesionales como para sus familias, especialmente para la educación de los hijos.

============i TIT FIJAS