La iniciativa pretende dar respuesta a la demanda ciudadana que "quiere saber qué pasa con los impuestos que pagan de bienes de rústica porque no se ven reflejados en mejoras de los caminos del término".

Según las actas en 1997 el Gobierno Socialista, siendo alcalde Francisco segovia, llegó a un acuerdo por el que el impuesto pasó del 0,72 al 0,95 por ciento lo que permitió disponer de la red de caminos con la que actualmente cuenta el término".

Señalan, que "en 2003 concluyó el plan de caminos diseñado por Francisco Segovia con lo que, según el acuerdo referido, deberían haber bajado el impuesto de rústica de nuevo al 0, 72 por ciento".

Critican que "lo único que ha ocurrido desde entonces es que cada día hay más baches en los caminos y arcenes reducidos que dificultan la movilidad a conductores y viandantes".

En cuanto a la inversión realizada por los gobiernos señalan, que "el cómputo general de todo lo que no se ha invertido en la reparación de los caminos asciende a 304.000 euros".

Con estos datos recopilados de las actas del Ayuntamiento los asamblearios proponen "una auditoría para saber a qué han destinado y dónde está ese dinero para reparar y mejorar los caminos del término".

"El Gobierno no usa el dinero para arreglar los caminos que se dejen de engañar a los ciudadanos", dicen.