Tener cuentas pendientes con la justicia termina a veces con una condena de privación de libertad, aunque la cárcel es sólo una de las opciones para recibir un castigo en caso de ser responsable de alguna infracción, sea civil, penal o de otro tipo. Habituales son también las sanciones económicas, las multas que se interponen como resultado de una sentencia condenatoria. Gestionar el trasiego de dinero que suponen es una tarea diaria en los juzgados albacetenses, también hacer seguimiento a los condenados para comprobar que, en efecto, pagan lo estipulado y lo hacen puntuales. El dinero termina llegando al Tesoro Público, al Estado, y las cantidades totales que salen de la provincia no son nada desdeñables: durante el año pasado los 33 órganos judiciales de Albacete trasladaron a la cuenta del Tesoro Público más de 927.000 euros; en el año anterior la cifra superó por poco el millón de euros. María Dolores Moreno Garcés, letrada de la Administración de Justicia en el Juzgado de lo Penal 3 de Albacete, es una de las profesionales encargadas de tramitar las cantidades que los ciudadanos pagan en concepto de multa, entre otros movimientos, porque también están a su cargo abonos de indemnizaciones, o el dinero derivado de decomisos de drogas, entre otros asuntos. Sólo este juzgado penal, uno de los tres que tiene la provincia, en lo que va de año se han abonado ya más de 113.000 euros en concepto de multas. Son sanciones frecuentes por ejemplo las de los condenados por delitos contra la seguridad vial por conducir ebrios, los llamados CIBA (Conducción bajo la Influencia del Alcohol), de mayor o menor entidad en función de una serie de circunstancias, explicaba a La Tribuna: «Es el juez el que determina la cantidad de la multa, en función de la capacidad económica del procesado; a veces ves alguna de cuatro euros diarios, de cinco euros al día, de seis… En delitos más graves la cuantía es mayor». Es tarea del juzgado ejecutar la sentencia y vigilar que el penado cumple con la multa, comentaba Moreno: «Se le requiere al condenado para que pague en un plazo de tres a cinco días, pero también existe la posibilidad de que el penado pida un fraccionamiento, y pague mes a mes, por un período máximo de dos años».
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