La comisión parlamentaria para alcanzar un pacto contra la despoblación ha aprobado este martes por unanimidad su documento de conclusiones. Un texto de 24 páginas donde se encierra el trabajo iniciado hace ahora casi un año en las Cortes de Castilla-La Mancha y por las que han pasado casi medio centenar de expertos.  

Pero también este documento es un buen punto de partida para lograr la unanimidad en torno a la futura ley regional contra la despoblación, cuyo primer borrador ya está muy avanzado y que, en líneas generales, comparte muchas de las propuestas oídas en estos meses en esta comisión parlamentaria.

«Hemos logrado el objetivo que perseguía esta comisión, que no es menor: el acuerdo de los grupos para un tema que es bueno para todos los castellano-manchegos y para la ruralidad, para frenar la despoblación», ha subrayado al término de la reunión su presidenta, la socialista María Jesús Merino.

Con todo, las felicitaciones por haber alcanzado un texto final de consenso, no quitan que tanto PP como Ciudadanos le pidan cuentas al Ejecutivo. Y es que, como ha advertido la portavoz naranja, Carmen Picazo, estas medidas deben plasmarse desde ya en «algo real y presupuestario». ¿El objetivo? No quedarse solo en «un bonito documento con poca efectividad».

Palabras que comparte el ‘popular’ Benjamín Prieto. Para el PP,  la lucha contra la despoblación debe de  que contar con recursos económicos por parte del Ejecutivo para que sea «eficaz y efectiva» y solucione los problemas del mundo rural. Es más, a su juicio, este reto demográfico debería de haber contado con una partida propia en los presupuestos regionales de 2021, aprobados hace una semana en las Cortes de Castilla-La Mancha y que entrarán en vigor este mismo viernes.

 No hay que olvidar aquí que Castilla-La Mancha es una de las regiones más afectadas por la despoblación en España. El 80% de sus municipios tienen menos de 2.000 habitantes y en 72 de estos pueblos la población de más de 75 años supera ya el 50 % de la población total.

Diseñar una ‘Agenda rural’ para llevar el 5G y la banda ancha a todo el mundo

Uno de los puntos en los que todos los ponentes han coincidido es en la necesidad de «avanzar en la digitalización del mundo rural». Y, para ello, es imprescindible conseguir una conectividad digital de calidad en todos los municipios. El documento de conclusiones de la comisión contra la despoblación plantea que «el conjunto de las Administraciones exigirán a las operadoras que cumplan de forma efectiva la conectividad digital, de banda ancha y  móvil» y promoverán «un despliegue territorialmente inclusivo de las infraestructuras y servicios 4G y 5G, y fibra.

Para ello, se habla de implantar una ‘Agenda digital Rural’ siguiendo un planeamiento y una hoja de ruta, priorizando las zonas más deficitarias. De forma paralela, se debe formar en competencias digitales a todas las personas del mundo rural, especialmente a aquellas más alejadas del uso de las nuevas tecnologías, como son las personas mayores y las mujeres, con el objetivo de reducir la brecha digital.

Salvar la arquitectura tradicional y un transporte público digno

Como ya recoge el borrador de la ley regional contra la despoblación, las Cortes insisten en su documento de conclusiones en la necesidad de apostar por la rehabilitación de vivienda y por preservar el modelo de «vivienda tradicional». Algo que, además, «puede ser un punto de atracción de emprendimiento», «un elemento de atracción de turismo rural» y un «reclamo para asentar población, muy particularmente de quienes desarrollan su trabajo en estos municipios, y que hoy residen en ciudades cercanas». En este sentido, se reclama un régimen urbanístico especial para los pequeños municipios, la innovación de las ITP de suelo rústico y la aprobación de la futura ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas.

Además, para que el territorio quede cohesionado funcionalmente, tanto en su interior como con su entorno, se debe establecer un sistema de transporte concebido como una prolongación de los servicios públicos básicos, que permita el acceso a los mismos.

Potenciar la atención primaria, la telemedicina y la comida para mayores a domicilio

Las conclusiones de esta comisión pasan por  potenciar una Atención Primaria de calidad en el medio rural, centrándose en la prevención y el seguimiento de las dolencias a lo largo de la vida. Y, a la vez, se pide aprovechar  los avances tecnológicos en la prestación de servicios de salud, y especialmente, la telemedicina. Además, «se debe asegurar una asistencia sanitaria de emergencias y urgencias de calidad para todas las personas independientemente de en qué lugar residan».

En cuanto a la atención social, se insiste en que esta «tiene que adecuarse a las necesidades de las personas que viven en el medio rural, a menudo muy envejecida». En ese sentido, se deben establecer actividades para el desarrollo de un envejecimiento activo y, siempre que sea posible, favorecer que permanezcan en el domicilio. Para ello se ofrecerá «una amplia cartera de servicios, como la ayuda a domicilio, la teleasistencia, la atención en el proceso de soledad y otros servicios complementarios, como la comida a domicilio.

Colegios con cuatro alumnos, atraer el talento y favorecer el teletrabajo

Desde las Cortes se tiene clara la necesidad de dotar de las infraestructuras y los recursos educativos necesarios para garantizar una educación de calidad en el medio rural. En este punto, se pide mantener abiertos los colegios que cuenten con un mínimo de cuatro alumnos en Educación Infantil y Primaria y, de forma excepcional, incluso con menos. Además, para garantizar el acceso a los servicios educativos se debe contar con un sistema de transporte y una red de comedores escolares adaptados a la realidad social.

Y después de ver cómo ha cambiado la forma de entender mundo durante los meses de confinamiento, las Cortes proponen favorecer la implatación del teletrabajo como una alternativa para residir el medio rural y «atraer y retener el talento mediante programas de fomento del empleo, el emprendimiento o la formación profesional, adaptados al contexto de las zonas rurales con baja densidad demográfica».

Menos impuestos por vivir en el medio rural y ‘repoblar’ gracias a la inmigración  

La inmensa mayoría de los ponentes de esta comisión han hecho hincapié en lo oportuno que sería ofrecer un nuevo marco fiscal al medio rural (léase bajada de impuestos), promovido tanto por la Administración General del Estado, como por la comunidad autónoma y los ayuntamientos. De momento, el borrador de la ley regional ya propone medidas como la reducción del tramo autonómico del IRPF.  

Este documento de conclusiones también dota de especial relevancia al sector agroalimentario, apuntando la necesidad de favorecer la agricultura y la ganadería ecológica y  de «esforzarnos decididamente porque en la cadena alimenticia los agricultores recobren un protagonismo activo».

 Por otro lado, también se apunta que la población extranjera inmigrante tiene que ser vista como un activo que ayude a desarrollar el medio rural, «tanto por el lado del mercado laboral, como por la incorporación de jóvenes y niños».