Mucha sintonía ha habido hoy entre PSOE, PP y Ciudadanos con la Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas. Se nota que al menos los tres coinciden en que hay que agilizar estas cuestiones. «Llevamos muchos años con el urbanismo atenazado», apuntó el diputado de Ciudadanos Alejandro Ruiz, que recordó que antes de político trabajó en este sector y que pidieron estas reformas gobierno tras gobierno. «El tiempo me dará o me quitará la razón, pero esto con el tiempo se verá y valorará, sobre todo los pequeños ayuntamientos y las pequeñas localidades, a las que se les solucionarán muchos problemas atascados».
Ruiz aseguró que esta reforma permitirá solventar problemas como los solares que se ven en medio de las ciudades y que tienen dificultades para su desarrollo y se quitarán exigencias innecesarias, por ejemplo, en temas de aparcamiento cuando a una empresa con mil trabajadores se le pide mil plazas, sin tener en cuenta que a lo mejor trabajan en tres turnos y nunca habrá más de 300 coches a la vez.
Esta mañana en las Cortes se debatían las enmiendas propuestas por los tres partidos para modificar esta ley, que en buena parte es una modificación de la Lotau. Muchas de estas enmiendas salieron aprobadas, como las siete presentadas por PSOEy Ciudadanos (cinco de ellas con el apoyo del PP y dos con su abstención). También el PP vio cómo le aprobaban once y le propusieron modificaciones para sacar adelante otras cuatro. A los populares le rechazaron seis enmiendas.
Entre las aprobadas, la portavoz socialista, María Isabel Sánchez, destacó que se ha elevado una de las facilidades que se van a dar a pueblos de pequeños de la barrera de los 5.000 habitantes a los 10.000. A estos ayuntamientos se les permite sustituir el informe técnico de la licencia, declaración responsable o comunicación previa «por medio de certificado de idoneidad emitido por los Colegios profesionales u otras entidades cualificadas». Sánchez avanzó que esta reforma va a «posibilitar la implantación de actividades produtivas en pequeños municipos».
A vueltas con el canon.
Por parte del PP, la diputada María Roldán, apuntó incluso que este texto pecaba de poco ambicioso y cree que lo suyo sería haber hecho una reforma integral de la Ley del Suelo. Aunque Roldán aprobó o se abstuvo en la mayoría de la ley, hubo un punto principal de fricción con el PP en lo referente al canon por obra para actividades industriales, terciarias, equipamientos colectivos, turismo rural o de servicios que necesiten emplazarse en suelo rústico.
En estos momentos la cuantía del canon es del 2% del importe total de la inversión en obras, construcciones e instalaciones a realizar. La reforma planteada lo mantiene en un 2% si elcoste de la obra es inferior a 500.000 euros, lo eleva a 3% si pasa esa cifra (ese 1% más iría a la Junta) y a un 4% si afecta a varios municipios (ese 2% más iría a la Junta).
«Para aumentar tasas, un canon o impuestos no van a encontrar la mano del PP, precisamente ahora en la situación que está viviendo esta región», expuso Roldán. El PPha presentado una enmienda en la que deja el 2% hasta coste de obra de 800.000 euros (eleva la barrera en 300.000 euros). Luego propone un 3%, pero quita la posibilidad de llegar al 4%.
El diputado de Ciudadanos, Alejandro Ruiz, se abstuvo en la votación de esta enmienda del PP. «Ciudadanos no ve bien las cuantías, cánones, tasas», comentó, pero a la vez reconoció que una negociación implica cesiones y que esa podía ser la suya al igual que el PSOEha hecho otras. De todas formas, espetó a la diputada del PP que no aclarase por qué elevaba la cifra a 800.000 euros o que directamente no hubiese propuesto la eliminación completa del canon. Apuntó que no cree que una obra de 100.000 euros se trunque por tener que pagar 2.000.
La diputada socialista, María Isabel Sánchez, argumentó contra la iniciativa del PP que «al eliminar este punto estarían consiguiendo minorar los recursos a la Junta».
En lugar de empezar al día siguiente, que sea a los quince días
Otra de las enmiendas presentadas por PSOE y Ciudadanos que se ha aprobado corrige la primera redacción del texto que planteaba que el promotor de determinadas actuaciones las podía iniciar al día siguiente a la presentación de la declaración responsable o la comunicación previa. En la nueva redacción se indica que este procedimiento de declaración responsable o comunicación previa debe iniciarse con una solicitud que ha de presentarse 15 días antes del inicio de la actividad. Pasados esos quince días «el promotor podrá realizar el acto, ejecutar la operación o desarrollar libremente la actividad».
También salió adelante la enmienda que premia a los edificios de mayor eficiencia energética, permitiendo aumentar la superficie edificable en uso residencial. En concreto, si se obtiene calificación energética A se puede subir la superficie construida un 5%. Y podrá incrementarse un 10% si se certifica una mínima demanda energética.